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Canarias urge que se fije un precio máximo para los trayectos aéreos

   
Paulino Rivero conversa con José Miguel Pérez antes de la reunión del Consejo de Gobierno. / DA

Paulino Rivero conversa con José Miguel Pérez antes de la reunión del Consejo de Gobierno. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Los precios de los trayectos aéreos están por las nubes. Por eso, y a iniciativa del consejero Domingo Berriel, el Gobierno de Canarias urge al de la nación a que fije un “precio máximo” para las conexiones con la Península o Baleares.

El Ejecutivo autonómico apoya su demanda en la existencia de “competencias normativas suficientes” para acometer esta intervención en el mercado. En concreto, el portavoz mencionó en la rueda de prensa de ayer el estatus de región ultraperiférica (RUP) que la Unión Europea reconoce a este y otros territorios sensibles de España, Portugal y Francia. Vinculado a esta exigencia -vocablo que enfatizó-, Martín Marrero censuró la escasa o nula voluntad de negociar los aspectos económicos del REF.

En lo que respecta a los billetes, el viceconsejero trasladó la información que aportó Berriel con datos del instituto de estadística (Istac): el importe medio de un pasaje entre Canarias y el resto de España se ha incrementado un 15% desde 2011, hasta los 242 euros. Pero es que, recalcó, esta cifra puede llegar a duplicarse o triplicarse en épocas del año de mucha demanda. “Los picos suben el coste a niveles prohibitivos”, denunció.

El Ejecutivo de Paulino Rivero (CC-PSOE) ha elevado su queja al constatar que los directivos de las aerolíneas “no han hecho caso” a la solicitud de la ministra de Fomento, Ana Pastor, con quien “se han reunido dos veces”. Se trata, resaltó Martín Marrero, de que la movilidad de los residentes canarios “cueste lo mismo” que a los de otras zonas del país. “Somos víctimas de unas tarifas desorbitadas que nos alejan aún más del continente”. Paralelamente, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la petición de suspensión cautelar de la privatización de AENA. Perdida la batalla política, la ofensiva contra el “expolio” se libra ahora en dos frentes jurídicos: el TS y la Audiencia Nacional.

Otros acuerdos

-Modificación en la estructura del Ejecutivo. La marcha de Fernando Ríos conlleva la supresión del Comisionado para para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, cargo que ocupaba el dimisionario con rango de director general. Este cambio forma parte de la modificación del decreto de julio de 2011 por el que se determina la estructura central y periférica del Ejecutivo regional. Con el acuerdo adoptado ayer, también se elimina la dirección general de Dependencia Infancia y Familia. Su actual titular, José Gilberto Moreno, pasa a ocupar la nueva viceconsejería. Ríos cesó “a petición propia” el viernes 30 de enero. La decisión se tomó tras una reunión con Paulino Rivero a raíz de que pusiera su cargo a disposición el día 5 de ese mes como consecuencia de sus “discrepancias ideológicas” con el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo.

-Farmacias. Las oficinas de farmacias canarias han cobrado entre los meses de enero y principios de febrero la facturación correspondiente al último trimestre del pasado año. De esta manera, la Administración autonómica “se encuentra al día” en el pago a los profesionales del sector. “La Consejería de Sanidad resuelve así la situación financiera de los presupuestos destinados a liquidar las recetas de las oficinas de farmacia, con la bajada presupuestaria del orden de 150 millones de euros sobre el presupuesto de 2011. El portavoz del Ejecutivo destacó el “gran esfuerzo continuado en el tiempo”.

Recurso contra la ley de Acción Exterior

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso promovido por el Gobierno de Canarias contra la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que regula las oficinas de las comunidades autónomas en el extranjero.

En su resolución, el tribunal de garantías acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. El TC expone en una nota de prensa que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el tribunal resolverá próximamente. El Ejecutivo canario acordó a finales del pasado año la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la mencionada ley al entender que se limitan las competencias autonómicas. En una sentencia de 1989, el Tribunal Constitucional establece que la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales no es equiparable con todo tipo de actividad con alcance o proyección exterior.