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La causa contra Ramírez está paralizada desde julio de 2014

   

Miguel Ángel Ramírez. / EP

Miguel Ángel Ramírez. / EP

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La Unión Sindical Obrera denunció ayer mediante comunicado de prensa que la instrucción de la causa que se sigue contra el multimillonario canario Miguel Ángel Ramírez se encuentra totalmente paralizada desde julio de 2014 a pesar de que de la suerte de la misma “dependen miles y miles de trabajadores del sector de la seguridad privada”. La instrucción de esta causa corresponde al Juzgado Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y, como recordarán los lectores de este periódico, el propio Ramírez ya prestó declaración en el mismo. A este multimillonario grancanario, alma mater y dueño de la gigantesca empresa Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, se le acusa de un presunto fraude fiscal correspondiente a los años 2008 y 2009, al abonar como dietas las horas extras realizadas durante estos años en esta empresa.

Ahora, el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, denuncia que desde julio de 2014 el proceso ha quedado inactivo sin causa aparente, a pesar de los numerosos trámites pendientes, “no siendo justificada ni entendible esta demora”.

Entre las peticiones sobre las que no se ha pronunciado el Juzgado instructor está desde una solicitud de ampliación de la querella contra Ramírez por delitos contra la Hacienda Pública hasta una petición de fianza millonaria para el acusado.

A su vez, tampoco se tiene respuesta de la petición de los abogados del propio Ramírez para que USO tenga que depositar una fianza para seguir en el proceso, e incluso ni siquiera se ha aclarado el rol de este sindicato en el proceso: acusación particular o acusación popular.

El sindicato recuerda que no se trata de una causa cualquiera, dada la trascendencia que pueda tener sobre la empresa de Ramírez, así como la alarma social generada dada la relevancia mediática del personaje en cuestión, que ya fue condenado (e indultado por el Gobierno de Partido Popular) por un delito medioambiental.