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El colapso administrativo de Canarias – Por Hugo Luengo

   

Explicarle a cualquiera que no transite al interno del mundo administrativo canario la realidad del funcionamiento del mismo, no es tarea fácil. Añadir a ello las situaciones derivadas de la crisis económica, del proceso de desarrollo de la legislación de servicios europeo, o los propios retos de la globalización, añade nueva complejidad. Que se incrementa al conocer la forma en que Canarias, viene reaccionando ante los mismos. En el mejor momento turístico, el empleo reacciona con timidez, la inversión pública y la privada son muy escasas y tenemos el tercio de la población activa en paro, dos tercios si son jóvenes y si están formados los mandamos a la emigración.

El colapso administrativo que sufre Canarias, que los responsables niegan y los ciudadanos sufrimos, no es ajeno al comportamiento del sistema político local, que sigue sin abordar los problemas reales. Venimos desde esta columna reclamando mayor libertad y seguridad jurídica. El imparable proceso de globalización desregula entre otros el empleo, la residencia y el vehículo. En el conjunto de estas actividades, desaparece la intermediación, con lo que el usuario finalmente releva al hotelero, el taxista o a los agentes inmobiliarios. El fenómeno de la “vivienda vacacional”, o de las “economías colaborativas” en el vehículo o el empleo, están creando un nuevo orden entre “digitalización y empleo”, que no se resuelve ignorándolo, o poniéndole como es en el caso de la Ley de Viviendas Vacacionales de Canarias, unas condiciones que dejan al 80% del mercado fuera de juego, cuando es legal.
En la economía que viene “el principio de destrucción creativa de empleos” no se cumple, habrá con ello que reinventarse y ello exige abrir el campo de oportunidades para todos. Donde los distintos operadores, con libertad y seguridad jurídica, puedan emprender actividad y empleo. No estamos en Canarias ante una “sociedad abierta” que facilite el tránsito, al contrario, se suele reaccionar en estas circunstancias pidiendo más protección y gasto público, que no tenemos. Desde esta posición podemos leer la trayectoria de la Ley Canaria de Turismo, que al final provoca las reservas insulares de mercados para los ya posicionados, mientras se mantiene un fuerte control público del proceso, de forma que sólo acceden al mercado los escogidos. Se territorializa la operación apelando a la protección ambiental y se controla a través del “colapso administrativo”.

El ejemplo con las leyes del turismo, son buena expresión de los desatinos del Gobierno. Luego de la Ley Zerolo de 1995 de Ordenación del Turismo, aprobamos la Ley del 2013 de Renovación y Modernización Turística, que limita la nueva oferta hotelera en las cuatro islas turísticas principales, dejándola restringida a las cinco estrellas y en condiciones inasumibles.
El conflicto servido desde el lógico recurso del Gobierno central, ante el Tribunal Constitucional, por razones de legalidad y de restricción de la competencia. Y al tiempo desde el Cabildo de Gran Canaria, que defiende un modelo donde caben las cuatro estrellas. Previo al previsible fallo en contrario del Constitucional, se anticipa el Gobierno canario con una nueva modificación, iniciada en enero de 2015, dando razón a las tesis de Gran Canaria. Añadimos algo más, no es sostenible a medio plazo una planta hotelera y turística competitiva, que carezca de capacidad de generar nuevos productos. Por ello la renovación por sí sola no es suficiente, ya que impide crear productos competitivos.

Y desde lo que aquí defendemos, algo más. El Gobierno debe abandonar su elevado y contraproducente grado de intervención y clientelismo. Debe provocar el desarrollo de las leyes adaptadas al marco básico europeo y estatal, sin forzarlos territorialmente. De manera que permita operar en libertad a cuantos agentes se pueda mejor. Proteger el medio ambiente con pocas leyes, claras y coordenadas. Los desarrollos legislativos de última hora y a la desesperada, como la Ley de Simplificación reciente, el Proyecto de Ley de Inversiones Estratégicas, la cuarta modificación de la Ley de Turismo en marcha, al igual que la Ley de Medidas Urgentes del 2009, poco añaden. Contribuyen al colapso administrativo en el que estamos. Lo que llaman la “maraña administrativa”.

*Arquitecto y Urbanista