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PUERTO DE LA CRUZ >

Un colectivo vecinal denuncia a Afonso por supuesta prevaricación

   

El concejal de Comercio y Desarrollo Económico, Lope Afonso. / M. P. P.

El concejal de Comercio y Desarrollo Económico, Lope Afonso. / M. P. P.

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

La plataforma vecinal Vigía, defensora de los derechos públicos y privados, presentó el 12 de febrero una denuncia en Fiscalía contra el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, por supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias.

El colectivo puso en conocimiento de la justicia las presuntas irregularidades cometidas en el funcionamiento de los mercadillos, aunque dos de ellos, el ubicado en la avenida Marqués Villanueva del Prado (frente al Centro Comercial La Cúpula) y el de la plaza Francisco Afonso Carrillo (en la parte superior de la estación de guaguas) dejaron de operar en abril y junio de 2014. El situado en la plaza de Europa lo hizo a finales de noviembre, primero como consecuencia de las fiestas y luego al conocerse un informe de la Policía Local en el que se pone de manifiesto que estos no están contemplados en la ordenanza municipal vigente reguladora de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial, que data del año 2004.

Entre otros hechos, la plataforma denuncia que a excepción del mercadillo que se organiza en el Mercado Municipal, el único que está contemplado en la actual normativa, el resto “está dirigido por personas particulares a través de empresas que cobran a los feriantes un precio no fijado por el Ayuntamiento de manera discrecional y a libre criterio del promotor por ocupar un espacio en la vía pública”.

En los tres casos, los empresarios “dicen tener autorización de Lope Afonso, no teniendo ningún documento administrativo que le autorice a ocupar el espacio libre. En algunos de ellos, el promotor “tiene autorizaciones discrecionales que no constan en ningún expediente administrativo del Ayuntamiento otorgadas por el citado edil”, que “se ha saltado las legislaciones nacional, autonómica y local sobre la ocupación de suelo público y obvia un informe policial que le fue remitido y montándose los mercadillos posteriormente”. Según el escrito, los comerciantes tampoco cumplen una serie de condicionantes, como su acreditación de artesano, autorización de responsables sanitarios, tributos para este tipo de ventas, estar dado de alta en la Seguridad Social o disponer de autorización municipal para el lugar de venta preciso. “Ninguno de estos requisitos se cumplen porque el Consistorio no lleva un control de la actividad dado que es un particular a través de una empresa privada el que decide qué tipo de puesto se pone, sin ningún tipo de control y cobrando el espacio público”.

Negocio con el suelo público
Este hecho es el más grave para el colectivo, ya que “las autorizaciones tienen que ser individuales y no a una empresa o a un señor para que haga negocio con el suelo de todos”, como se contempla en la ley 25/1998 de 13 de julio y se adjunta como prueba el recibo de pago de cada uno de los puesteros. En este sentido, se pone en conocimiento de la Fiscalía que “los promotores de los mercadillos y los feriantes no han abonado la correspondiente tasa de ocupación que ha sido girada a la empresa y no abonada, con lo cual existe un aprovechamiento de suelo público para lucrarse y no se ingresa nada por este concepto”.

Y en caso de que fuera legal el otorgamiento por una gestión indirecta, la normativa establece “que debería haber un procedimiento de concurrencia”, cuya convocatoria debe ser publicada en el boletín correspondiente.

Por todo ello, la plataforma cree que el edil ha podido incurrir en un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias y solicita que se investiguen los hechos denunciados.

Al ser consultado sobre este tema, Afonso se limitó a decir que “no conoce el contenido de la denuncia” y, por lo tanto, no se puede pronunciar al respecto.