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Condenan al alcalde por vulnerar derechos de los ediles en el Pleno

   

Dávila impidió a León debatir la moción por la vía de urgencia. / M.P.P.

Dávila impidió a León debatir la moción por la vía de urgencia. / M.P.P.

G. GULESSERIAN | Tacoronte

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife estima el recurso presentado por los concejales no adscritos (ex PSOE) en el Ayuntamiento de Tacoronte y condena al alcalde, Álvaro Dávila, por vulnerar los derechos fundamentales al impedirles debatir una moción en defensa de la Escuela Infantil Municipal. El alcalde entendió que no se había presentado por la vía de urgencia y, por eso, era ilegal.

Los hechos denunciados por Rodolfo León, Juan García, María de los Ángeles Dávila, Moisés González y Ana Isabel Díaz, tuvieron lugar el 1 de septiembre de 2014. La sentencia viene a reconocer el derecho de los ediles a presentar y proponer que se debata y vote por la vía de urgencia la moción presentada o el derecho a exponerla como ruego, y obliga al Ayuntamiento a asumir las costas procesales.

Álvaro Dávila anuncia que recurrirá el fallo dado que “hay sentencias favorables en otros juzgados con los mismos argumentos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende que han sido favorables a las tesis del Ayuntamiento”.

El mandatario nacionalista considera que el juez “no entra a valorar el fondo de la denuncia sino la forma que decide que se lleve o no a Pleno la citada moción”. En este sentido, asegura que la propuesta de los exconcejales socialistas, con quienes además compartió Gobierno hasta que le interpusieron una moción de censura junto con el PP, “es que se contrate a dedo a las siete trabajadoras de la guardería, un procedimiento ilegal que se salta todas las reglas y procedimientos administrativos”, declara.

Los no adscritos, que ahora forman parte de la nueva agrupación política Por Tacoronte, subrayan en un comunicado que el mandatario “impidió, de modo ilegal, además, la formulación de una serie de preguntas sobre las amenazas e incoación de expedientes a técnicos del Ayuntamiento que informaron desestimando sus intenciones de gestionar de modo ilegal una serie de obras; el desmantelamiento de agrupaciones culturales y sociales que llevan décadas dando servicios en el municipio, como la Agrupación Polifónica Monteverdi, Domitila Hernández, o el servicio ginecológico de planificación familiar”, entre otras.

Añaden que “en su arbitraria pretensión de obstaculizar el derecho a la participación política, Dávila se negó de forma arbitraria a que se pudiera debatir y votar la moción presentada en el apartado de asuntos de urgencia, e incluso, impidiendo a Rodolfo León que la propuesta se pudiera formular como ruego, y ello constituye una grave vulneración del derecho a la participación política consagrado en el artículo 23.1 de la Constitución Española, al arrogarse competencias que no le correspondían y sustrayéndoselas al órgano competente, que es el Pleno”.

Por último, los cinco ediles manifiestan su satisfacción por el fallo judicial, pero lamentan que “sea el pueblo el que tenga que pagar las costas del juicio”.