El copago en dependencia hace peligrar plazas, centros y servicios

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y las asociaciones de discapacitados han formado un frente común contra la aplicación del copago en dependencia en el Archipiélago. Y es que, pese a la promesa del Gobierno de Canarias de que se aplazaría al menos hasta 2015 la entrada en vigor del decreto, la realidad dicta todo lo contrario, según denuncian desde la plataforma Tenerife Discapacidad.

De hecho, a día de hoy nada se sabe de la mesa sectorial que debían componer el propio Ejecutivo, la Fecai y las asociaciones, que sería la encargada de desarrollar una hoja de ruta para establecer el coste real de los servicios de atención a la dependencia en las Islas, teniendo en cuenta la situación de crisis en la que todavía está inmersa la Comunidad Autónoma.

En este sentido, el vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Aurelio Abreu, y el consejero delegado del IASS, Miguel Ángel Pérez, mantuvieron recientemente un encuentro de coordinación de acciones con la citada plataforma, cuyos miembros manifestaron su preocupación por el controvertido decreto aprobado por el Gobierno central. Al respecto, Abreu dejó claro que “desde el Cabildo daremos batalla para que se compense a las entidades por el copago y que éste, en ningún caso, represente un coste añadido para usuarios y familias”.

En la misma línea se manifestó Miguel Ángel Pérez, quien se mostró crítico con el retraso del convenio de este año, ya que, según expresó, “genera una inestabilidad en las entidades que creíamos que se había superado ya en años anteriores”. El consejero delegado del IASS lamentó que “todo el trabajo técnico que se ha hecho por parte del Cabildo para adelantar la firma del convenio no vaya a tener su reflejo en la Consejería regional, máxime cuando en años anteriores habíamos ido adelantando la firma y eso había tenido una muy buena acogida entre las entidades”. Para abordar estas cuestiones, la plataforma Tenerife Discapacidad ha solicitado una reunión “urgente” a la consejera Inés Rojas y al resto de actores implicados (Fecai, Fecam y representantes del Tercer Sector), con el fin de “reorientar y fortalecer este dispositivo de protección social dotándolo de mayor equidad y contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de desarrollo en las comunidades donde se está aplicando un copago similar”.

El colectivo, que volvió a recordar que el coste por plaza de los servicios está congelado desde hace diez años, asegura que si se aplica el controvertido copago “se producirá el abandono de más del 50% de las plazas en centros de día, y muchas asociaciones se verían abocadas a cerrar sus centros y servicios”. “Se trata de un decreto carente de equidad y de justicia material, próximo a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsará del sistema a las personas mayores y con discapacidad (destinatarias naturales del mismo), por lo gravoso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica”, concluyen desde la plataforma, que agrupa a más de medio centenar de entidades de la provincia tinerfeña.