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Demasiado tarde – Por Francisco Pomares

   

Tanto los socialistas como Coalición Canaria han reclamado la suspensión del proceso de privatización de AENA, cubierto en el tramo de oferta pública de venta de acciones, apenas en dos días de salida al mercado, y cerrado también en lo que se refiere al encaje de los grandes grupos que optan a hacerse con la minoría que -en la práctica- controlará el consejo de la nueva AENA. La privatización fue planteada por el Gobierno en dos partes, la primera, la venta directa del 21 por ciento a un grupo de inversores estables, que ya participó en otras operaciones de privatización como la de las autopistas, y la segunda, la colocación entre inversores institucionales y particulares del 28 por ciento del capital, destinada a particulares. El Gobierno sacó al mercado 38,18 millones de acciones, de las que el 90 por ciento está destinada a inversores cualificados -bancos, grandes corporaciones- mientras que los pequeños inversores solo han podido optar por el 9 por ciento (de ese 28 por ciento) y los empleados de AENA, por un minúsculo uno por ciento. Con esta venta, el Estado se asegura unos ingresos superiores a los 4.000 euros. Sin embargo, la operación se produce en un momento inexplicable: en 2014 el beneficio de AENA fue el mayor de su historia, con un beneficio bruto superior a los 1.800 millones de euros. El beneficio neto también creció. De enero a septiembre subió casi un 9 por ciento en relación con el mismo período del año anterior, un resultado también récord para la empresa.

El tráfico creció también de forma extraordinaria el año pasado, por el tirón de los aeropuertos turísticos, entre ellos los cuatro grandes aeropuertos de Canarias, cuyo sistema aeroportuario mueve todos los años las tres cuartas partes de viajeros que el sistema Madrid-Barajas.

Con bastante retraso, cuando la operación está prácticamente liquidada ya y sólo sería frenada por una sentencia, el presidente Rivero ha pedido la implicación de los empresarios canarios, neutrales en este asunto de trascendental importancia para Canarias, como demuestra el hecho de que el propio Estatuto contemple en su artículo 33.13 la posibilidad de que Canarias se haga con las competencias en aeropuertos si el Gobierno de la nación renuncia a su gestión directa. Pero cuando el PP planteó su proyecto privatizador Rivero estaba instalado en la pelea del petróleo, y no parecía demasiado interesado en ninguna otra cosa. Se perdió entonces un tiempo precioso para activar la protesta.