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Un escándalo – Por Leopoldo Fernández

   

El parto ha acabado en aborto. Un aborto triste, doloroso, frustrante, abyecto incluso. El nuevo Consejo Rector de la Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC), la criatura que habría de nacer para gestionar una televisión pública plural, independiente, profesional, capaz de cohesionar a los ciudadanos de todas las Islas, ha nacido muerta. Muerta por el sectarismo, directo o indirecto, de un Parlamento que no ha querido, no ha podido o no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y de las exigencias y responsabilidades exigibles a cada uno de sus miembros. Claro que unos tienen más responsabilidades que otros, pero a la postre todos han sido copartícipes -también el PP, aunque votara contra la nueva norma- de la aprobación y posterior aplicación de la flamante Ley de la RTVC, un texto apañadito y, como han dicho algunos diputados, de corta y pega, con casi nulas aportaciones propias. Así las cosas, se cercenaron desde un principio parte de las competencias del máximo responsable del ente público, se olvidaron los buenos ejemplos ajenos para recoger la imprescindible y genuina representación de la sociedad y se politizaron en exceso los órganos directivos de la RTVC en una bochornosa componenda partidaria para el reparto y elección, a la carta, de los miembros directivos. Si la etapa actual, tan criticada por los diputados -en la que el consejo de administración ha tenido vacantes y provisionalidades durante años, para vergüenza del propio Parlamento- ha sido objetivamente sonrojante, ¿qué decir de la que ahora comienza? Lo más benévolo que se me ocurre es hablar de chapuza, indecencia y deshonra. Y, por añadidura, pasteleo con los grupos de poder, para tratar de contentar a todos. ¿Es ese el espíritu de la ley, ese el buen fin que persigue, esa la renovación y la regeneración democrática? La entendible renuncia, por dignidad, de Francisco Moreno, a formar parte del Consejo Rector tras la propuesta de un candidato no idóneo y otro en situación comprometida, es la guinda de un pastel contaminado que deja en pésimo lugar a los partidos proponentes, al mismo Parlamento y a su Comisión de Control de la RTVC que, más que para examinar a los candidatos, está desde ahora bajo examen de una opinión pública escandalizada con tanto despropósito.