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Los estudiantes irán a la huelga por la reforma de los grados

   
El Rectorado de la ULL protestó el viernes contra la reforma. / DA

El Rectorado de la ULL protestó el viernes contra la reforma. / DA

J. L. C. / Europa Press | Santa Cruz de Tenerife / Madrid

La reforma de los grados universitarios aprobada el pasado viernes por el Gobierno del PP ha vuelto a poner en pie de guerra a los distintos actores del sector educativo de nuestro país. Los primeros en alzarse contra el Ejecutivo popular serán los estudiantes, cuyo sindicato avanzó ayer que este mes y en marzo convocará una huelga de 48 horas. El colectivo de estudiantes dará a conocer esta semana las fechas concretas de la protesta, para la que pide el apoyo de las demás organizaciones estudiantiles, sindicatos de profesores, padres y al conjunto de la comunidad universitaria.

Según el sindicato, la consecuencia de flexibilizar la duración y carga lectiva de los títulos de grado y su reducción a contenidos básicos (en los casos en que se limiten a tres años) será la “devaluación” de dichos estudios en el mercado laboral, por lo que en la práctica dejarán de ser habilitantes para ejercer la profesión. “Nadie pagará los 2.600 euros que cuesta de media un año más de grado pudiendo pagar tres cursos por el mismo título”, aseguran desde la organización sindical estudiantil. Además, consideran que es una medida pensada para favorecer a las universidades privadas y “destruir la pública” para “echar a los hijos de los trabajadores” de las instituciones académicas.

Las críticas de los estudiantes fueron secundadas por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que se reunió en el día de ayer en Asamblea Extraordinaria. La CRUE aprobó una moratoria para aplazar la implantación de grados de tres años al menos hasta el curso 2017-2018, según anunció el presidente del órgano, Manuel José López, quien explicó que algunos rectores tuvieron “algunas dudas” sobre la moratoria (hubo 5 abstenciones y un voto en contra, frente a los 57 a favor), pero se mostró convencido de que “en el ámbito de todos está cumplir con la moratoria”. Para los rectores, es “imprudente” reformar el sistema de titulaciones universitarias cuando apenas han finalizado sus estudios las primeras generaciones del Plan Bolonia y todavía quedan estudiantes del plan anterior en las universidades. “No se ha hecho un estudio previo y los indicadores previos que tenemos lo desaconsejan”, aseguró el rector de la ULL, Eduardo Doménech, quien consideró que la nueva normativa generará un “caos” en las universidades y en el reconocimiento de los títulos. Para Doménech, “la reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de alumnos tendrá un impacto negativo en la financiación de las universidades públicas, dando lugar a una reconversión del sector que beneficiará a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad”. “Si tenemos en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas, estas transformaciones dificultarán el acceso a la educación superior al alumnado con menos poder adquisitivo y, a la postre, ocasionarán una disminución significativa del número de estudiantes universitarios”, subrayó el rector lagunero, que insistió en que “la nueva estructura de grado y máster reducirá en un 25% los títulos de grado, empeorando la calidad docente y abriendo las puertas a nuevos recortes en profesorado”.

En la misma línea que Eduardo Doménech se manifestaron desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, quienes dejaron claro que la reforme presenta “inconvenientes que podrían convertirse en problemas serios y, en algunos casos, incluso irreparables”.

Dos años de conversaciones

La secretaria de Estado de Educación y Universidades, Montserrat Gomendio, recordó a los rectores que la aprobación del decreto de ordenación de los estudios universitarios se ha producido tras dos años de conversaciones con las universidades. “Llevamos hablando con ellos dos años de esta reforma y en lo que quedamos de acuerdo era que la decisión del sistema rígido había sido una equivocación y que había que modificarlo hacia un sistema flexible”, ha indicado Gomendio en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press al ser preguntada por la petición de los rectores de disponer de más tiempo para su implementación. Gomendio recordó además que “la reforma es de aplicación voluntaria”.