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Exigen a Sanidad que devuelva tasas cobradas indebidamente

   

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Los precios están publicados en los registros de los hospitales. | DA

Los precios están publicados en los registros de los hospitales. | DA

“A tenor de la información recabada en la petición de informe formulada y la manifiesta inquietud ciudadana que existe en relación a la problemática planteada, instamos a que se procedan a iniciar las actuaciones oportunas para retornar a la mayor brevedad posible a la situación anterior en la que no se procedía al cobro de las tasas de servicios administrativos en este ámbito. Además, pedimos que se proceda a la devolución de las tasas ya devengadas en este concepto a los ciudadanos afectados”.

Así de explícito se muestra el Diputado del Común en relación a una importante cantidad de quejas de pacientes a los que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha cobrado tasas por servicios administrativos, como la solicitud de informes médicos e historiales clínicos. La institución que preside Jerónimo Saavedra lleva más de un año esperando por la respuesta tanto de la Secretaría General del SCS como de la Dirección General de Tributos del Gobierno de Canarias, a pesar de que la Agencia Española de Protección de Datos, en su informe 437/2012, indica que “el acceso a la historia clínica es una especie del género acceso a datos de carácter personal; y si la obtención de información sobre tales datos ha de ser gratuita conforme dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la obtención de la historia clínica tiene que ser igualmente gratuita”. El Diputado del Común recuerda además a la Consejería que el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas exige que “con la devolución de los ingresos indebidos la Administración tributaria se abone el interés de demora regulado, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite”.

“Un principio básico en la intervención de la Administración Pública es la objetividad y eficacia; si bien es una obligación del ciudadano pagar los impuestos, es una obligación de quien los exige dar a conocer el porqué los exige y cobra en determinada cuantía”, concluye la institución.