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Los infractores ambientales que reparen su daño no serán multados

   
Emiliano Coello, director de la APMUN, junto a la sede del consorcio. / DA

Emiliano Coello, director de la APMUN, junto a la sede del consorcio. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La nueva Ley de Armonización y Simplificación sobre Protección del Territorio y de los Recursos Naturales permite a los infractores de la disciplina urbanística o medioambiental librarse de sanciones si, de forma voluntaria, puede legalizar su obra o actividad o repara el daño cometido. Este método supone un cambio de filosofía, pues mientras con la anterior legislación la sanción y la orden de ejecución llegaba al final, con la resolución del expediente, ahora se parte de la multa, pero se da la oportunidad de rebajar su cuantía e incluso dejarla a cero euros si el autor de la ilegalidad rectifica y colabora con la Administración Pública.

Así lo explica a este periódico el director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Emiliano Coello, quien destaca que lo que se pretende es que “el ciudadano infractor rectifique desde el primer momento y suspenda su actividad ilícita”. Para ello, según expone Coello, la orden de ejecución se dicta desde el inicio, tras incoarse la denuncia y no como final del procedimiento, instando al denunciado a restablecer la realidad física alterada o llevar a cabo la legalización, si es posible, de modo que si lo hace se le eximirá de abrirle expediente sancionador. A juicio del responsable de la APMUN -un consorcio del que forman parte el Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos- ,“estamos ante un cambio de procedimiento potente, de una dimensión considerable, pues la sanción solo se aplicará cuando la persona rechaza reparar el daño o no puede legalizar su obra o actividad”.

En cualquier caso, la flamante ley -entró en vigor el 25 de enero- va graduando las rebajas en la sanción, de mayor a menor cuantía, en función de la voluntad de colaboración que muestre la personas física o jurídica, y atendiendo también a sus circunstancias socioeconómicas. Otra de las novedad de la normativa, según subraya Coello, se refiere al marco competencial, pues a partir de ahora las denuncias sobre asentamientos, ya sean rurales o agrícolas, que antes correspondían a la APMUN, competerá ahora tramitarlas y resolverlas a los ayuntamientos. No obstante, Coello aclara que se deja abierta la posibilidad de que estos lo deleguen en la Agencia.

También es nuevo en la ley la otorgación a la APMUN de la competencia sobre las infracciones en los parques nacionales, como informó ya la pasada semana este diario. Novedoso es, igualmente, la posibilidad que tiene este consorcio de llevar a cabo inversiones en proyectos de mejora y restauración de daños en el territorio, como en el caso de los vertederos.

Incide el director de la APMUN en la prevención de las ilegalidades, aspecto que recoge Ley de Armonización, pues asegura que es uno de sus objetivos prioritarios desde que asumió la dirección de este consorcio. “Hay que fortalecer la labor preventiva, dando información, asesoramiento y conocimiento a los que gestionan el territorio, para evitar al máximo su deterioro; en la APMUN deben convivir ambas funciones, la de los expedientes pero también la de la prevención, porque lo importante es que se reduzcan al mínimo las ilegalidades”, apostilla.