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Niegan tratamientos de fertilidad a lesbianas y mujeres solteras isleñas

   
El semen que se emplea procede de bancos de la Península. / DA

El semen que se emplea procede de bancos de la Península. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“La realidad social ha cambiado y está integrada por diversos modelos de familia y, por tanto, el acceso a los tratamientos sanitarios debe adaptarse a esta realidad sin exclusiones de ningún tipo”. Así de tajante se mostraba en julio de 2013 la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, después de que la exministra Ana Mato anunciara que las mujeres solteras y las lesbianas quedarían excluidas de la financiación pública de los tratamientos de reproducción asistida y fertilidad. Entonces, Canarias mostró su más enérgico rechazo a la medida impulsada por el Gobierno del PP, e incluso esa negativa llegó a escenificarse en una comparecencia conjunta de los responsables de las consejerías de Educación y Sanidad, José Miguel Pérez y la propia Brígida Mendoza, que estuvieron acompañados por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez. Los tres defendieron el derecho de todas las mujeres a la maternidad “sin exclusiones”.

Año y medio después de aquella declaración de intenciones, la realidad es muy distinta, como confirman a este periódico fuentes hospitalarias, varias afectadas y diversas asociaciones y colectivos de mujeres. La propia Consejería regional manifestó al DIARIO que actualmente “sólo se oferta a los pacientes de referencia la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. En dicha cartera, y desde el pasado 6 de noviembre, ya no se financian en los centros públicos los tratamientos para lesbianas y mujeres solteras. La tinerfeña Patricia, de la que no daremos más datos para preservar su intimidad, es una de las damnificadas de esta situación. Según relata a este periódico, hace un par de meses quiso empezar un tratamiento de inseminación junto a su pareja, mujer también. Con esta intención pidieron cita y acudieron al Hospital de La Candelaria, donde recibieron una negativa por respuesta desde el Servicio de Ginecología. “Nos aseguraron que las subvenciones se suspendieron, y nos pidieron que volviéramos a llamar en unos días para ver si la cartera de servicios cambiaba”, expone.

Sin respuesta
Como ella, al menos otras dos chicas en las últimas semanas han recibido la misma negativa en La Candelaria, que es el centro de referencia en la provincia en materia de reproducción asistida. “Hemos contactado con la Consejería de Sanidad y con el Ministerio y no nos han dado ninguna respuesta”, agrega la joven, que también se ha dirigido a varias asociaciones y colectivos de mujeres. “Tenemos el mismo derecho que cualquier otra mujer, y no es justo no poder acceder a estos tratamientos”, recalca Patricia, quien reconoce que se siente “discriminada” por su condición sexual.

Fuentes hospitalarias consultadas por este periódico reconocen su malestar con la Consejería de Sanidad, que a pesar de sostener que se seguirían financiando todos los tratamientos, no ha dado instrucciones claras al respecto ni ha aprobado leyes específicas al respecto, como sí han hecho Extremadura, Andalucía o Asturias. De hecho, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) sí continúan ofertándose los tratamientos sin distinción alguna, lo que genera si cabe más controversia. “Hay procesos que se han paralizado, porque se pide como condición que las parejas lleven más de un año intentando ser padres a través del coito; pero otros sí continúan”, subrayan desde el Sindicato Médico CESM, quienes explican que sí se están financiando los tratamientos para parejas nuevas con hijos de anteriores relaciones, así como a mujeres con patología de base.

Ambigüedad
La modificación de la cartera de servicios del SNS restringió las condiciones para acceder a las terapias de fertilidad en los centros públicos. Hasta entonces
-mediante un real decreto de 2006-, la sanidad pública asumía los tratamientos cuando existía diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Esta fórmula ambigua permitía que algunas comunidades atendieran a las lesbianas o las mujeres solteras bajo una concepción amplia de los tratamientos de reproducción asistida, que no se limitaban a combatir problemas de esterilidad sino que permitían indicaciones de carácter social, como querer tener hijos sin tener relaciones con un hombre. Además, por encima de todo estaba la Ley de Reproducción Asistida de 2006, que reconoce como usuarias de estas técnicas a las mujeres mayores de edad “con independencia de su estado civil y orientación sexual”.

La última orden, publicada en noviembre, limita estas terapias de fertilidad a los casos en los que se desea resolver un problema de salud: la esterilidad. Para ello, exige acreditar un trastorno de la capacidad reproductiva y la falta de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales sin usar anticonceptivos. En Canarias se realizan técnicas de Reproducción Humana Asistida desde 1990. En la actualidad hay tres centros que atienden esta patología: el HUC y La Candelaria, en Tenerife, y el Materno-Infantil de Las Palmas. Los dos primeros realizan técnicas de inseminación artificial y fecundación in vitro, mientras que el último solo realiza inseminación artificial.

Un vacío legal que puede costar muy caro

-Los responsables de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de La Candelaria han remitido varios escritos a la Consejería y la propia Gerencia del centro para que defina de forma clara los servicios que pueden ofertar, ya que los propios servicios jurídicos recomiendan no ofrecer los tratamientos a mujeres solteras y lesbianas, porque al existir una norma de rango superior el coste -entre 6.000 y 9.000 euros- podría incluso ser imputado al profesional o el propio hospital.

-Todos los especialistas consultados por este periódico dejan claro que en ningún momento se han negado a ofrecer estos tratamientos a ninguna mujer, pero “deben ser las autoridades sanitarias quienes pongan por escrito si se asumirán aquellos servicios que se encuentran fuera de la cartera incluida en el Sistema Nacional de Salud”. No entienden, además, por qué sí se siguen ofertando en el HUC cuando no está claro quién pagará esos tratamientos.