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La Plataforma de Afectados exige que la suspensión de la ITE se lleve a Pleno

   
García Escámez es uno de los barrios más afectados por la ITE. | J. G.

García Escámez es uno de los barrios más afectados por la ITE. | J. G.

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

La Plataforma de Afectados por la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de Santa Cruz exige que la suspensión de la ordenanza anunciada por el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, sea llevada a Pleno tal y como ocurrió con su entrada en vigor. En la asamblea celebrada el pasado jueves, los miembros de la Plataforma valoraron la medida, puesto que “era nuestra primera reivindicación”, pero temen que “sean cantos de sirena electorales” y que después del mes de mayo, con un nuevo equipo de gobierno, no se mantenga la suspensión. Así lo explicaba ayer Miguel Ángel Quintana, portavoz de la Plataforma y miembro de la Asociación de Vecinos Chincanayro.

Desde la Plataforma se defiende que “este no es el momento para impulsar una medida de este tipo en la que la situación económica es la que es”, explica Quintana. Defiende este representante vecinal que la ordenanza de la ITE “debe estar más adaptada a la realidad de Santa Cruz en la que la tipología de los edificios es distinta según las zonas en las que se ubiquen”. Así explican desde esta asociación de afectados que “no se puede exigir lo mismo a los edificios de García Escámez o Anaga, donde tienen una antigüedad mayor, que a los del Suroeste o el casco Histórico”. La asamblea decidió seguir adelante con sus reivindicaciones exigiendo que la suspensión sea respaldada por un acuerdo plenario.

Aprobada por unanimidad
Precisamente, el apoyo unánime que recibió la aprobación de la ordenanza en el Pleno municipal es uno de los argumentos que ayer esgrimía el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, para defenderse de las críticas de formaciones como el PP, Sí se puede o CCN, que expresaron su alegría por la suspensión y criticaron la forma en que Urbanismo gestionó la ITE. Martín, en un comunicado, señaló que “la aprobación de la ordenanza de la ITE, y la modificación que se realizó posteriormente, se hicieron con un amplio consenso por parte de los partidos políticos representados en la Corporación municipal, de tal forma que ninguno de ellos votó en contra”.

Martín considera fundamental que ese consenso sea el que rija el actual proceso de mejora, en el que se incorporarán aquellas necesidades que han sido detectadas por los técnicos durante la tramitación de las ITE y de las inquietudes vecinales expresadas en las asambleas que se han celebrado en todos los distritos.

Ayuda a las familias
Desde la Plataforma, Quintana defiende, al igual que otro de los portavoces, David Carballo, de la Asociación de Vecinos Guacimara de La Gallega, que el proceso participativo es la clave para llegar a un consenso en torno a los contenidos que han de figurar en la citada norma. Por eso piden a Urbanismo “que vaya más allá” y que de verdad se preocupe por los vecinos con escasos recursos económicos, que son los que realmente sufren la aplicación de la ITE. Critica que, aunque la ordenanza ahora suspendida estableciera una línea de ayudas, “ni siquiera tenían redactadas las bases para solicitarlas por lo que es lo mismo que no tenerlas”, concluyó Quintana.

“La paralización es una mala noticia”
El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, expresó ayer en un comunicado su “malestar” por la paralización temporal de la ITE en la capital tinerfeña. Se quejan de que una decisión de tal importancia “no nos ha sido comunicada hasta la fecha, a pesar de ser quienes nos dedicamos profesionalmente a la gestión de comunidades de propietarios y en particular a informar, defender el cumplimiento de la normativa y a realizar los presupuestos y búsqueda de fondos que requiere esta cuestión”.

Para los administradores de fincas colegiados, la decisión es una mala noticia y lleva a pensar en la inseguridad física y la inseguridad también jurídica que de tal medida puede derivarse, puesto que las leyes se hacen “para ser cumplidas por todos”. Consideran que esta decisión “desautoriza todo el trabajo de concienciación” realizado.