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El Pleno insta al Gobierno a activar las ayudas para reformar viviendas

   
José Ángel Martín y José Manuel Bermúdez, ayer en un momento del pleno. | S. M.

José Ángel Martín y José Manuel Bermúdez, ayer en un momento del pleno. | S. M.

YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a que active las ayudas recogidas en el Plan Estatal de Vivienda destinadas al Informe de Evaluación de Edificios, con 658.200 euros, y al Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, con 11.010.058 euros, con el objetivo de que la aplicación de la futura ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) “no suponga en ningún momento una carga o agravio para los ciudadanos”, según recoge la moción presentada por el PP.

La popular Ana Zurita denunció que “no se pueden permitir que se den situaciones” como con la línea Renove de edificaciones, de la que “se realizaron 4.253 solicitudes, el Estado abonó 460.075 euros y el Gobierno de Canarias no justificó ninguna”.

El Pleno también convalidó el decreto para suspender la aplicación y los plazos de tramitación de la ITE y el concejal responsable de la Gerencia de Urbanismo, José Ángel Martín, afirmó que la ordenanza se modificará con “la profundidad que haga falta” para atender a las diferentes situaciones y lograr el máximo consenso con los vecinos, después de las múltiples quejas ciudadanas que suscitó el anuncio de la aplicación de la ITE. El edil indicó que entre estas modificaciones se incluirá la eliminación de la tasa de 63 euros que tenían que pagar los propietarios al presentar la documentación de la ITE, también se diferenciará entre el residencial colectivo y las viviendas unifamiliares y se establecerá la suspensión para las edificaciones con deficiencias estructurales. “Hay viviendas que, por su mal estado, desde luego no pasarían la ITE, y que pertenecen a alguna promoción pública, y lo que hay que conseguir es que se puedan incorporar a a los diferentes convenios de rehabilitación a nivel nacional. Sería un esfuerzo innecesario pedirles la ITE antes de la rehabilitación”, explicó.

También se incluirán cambios en el apartado de las ayudas para establecer un “procedimiento más claro y garantizarlas al vecino”, así como en las notificaciones para “mejorar la comunicación”.

Ampliar el plazo
Asimismo, José Ángel Martín señaló que los técnicos municipales están estudiando un nuevo plazo para la ejecución de la ITE, que será mayor al año que establece en estos momentos la ordenanza y que “quizás es corto para que el vecino afronte ese gasto”. Y se tendrán en cuenta cuestiones concretas como herencias, edificaciones en ruinas o conflictos en la comunidad de vecinos, entre otras.

Por ello, el concejal anunció reuniones a lo largo de la próxima semana con plataformas de afectados, grupos políticos y administradores de fincas para que presenten sus propuesta a incorporar a la normativa. “Ahora tenemos la oportunidad -enfatizó- de tener una ordenanza mucho más consensuada”.

Todos los grupos políticos mostraron su satisfacción por la rectificación de la ordenanza, aunque el concejal de Sí se puede Pedro Fernández Arcila presentó una moción en la que solicitó la derogación de esta normativa “y empezar desde cero” el trabajo e incorporar a los vecinos en el proceso. “Creemos que esta suspensión es solo de cara a la galería”, enfatizó. José Ángel Martín no aceptó esta propuesta y argumentó que “derogar es que desaparezca y anular una norma que es positiva para este municipio es un claro error”.

Sandra Paz Marrero intervino en representación de la Plataforma de Afectados por la ITE y denunció que “el anuncio de la supresión de tasas y la intervención técnica gratuita para las personas con escasos recursos no es suficiente, porque el verdadero problema de su aplicación es el importe de las obras que se derivan de una ITE negativa, que en muchos bloques antiguos pueden llegar a suponer muchos miles de euros”, argumentó Sandra Paz.

‘Empate técnico’ por Emmasa
La moción del concejal de XTF José Manuel Corrales en la que pidió que el grupo de gobierno del Ayuntamiento se personara en las diligencias previas 3099/2014 que el Juzgado de Instrucción Número 2 ha abierto contra Sacyr por presuntos delitos societario y de prevaricación en Emmasa desembocó en un empate técnico del Pleno municipal, que rompió el voto de calidad del alcalde, José Manuel Bermúdez.

Los ediles del PP y del Grupo Mixto apoyaron la solicitud de Corrales, ya que coincidieron en que el Consistorio debería personarse para conocer qué se está tratando en el ámbito judicial en algo que afecta a la ciudad.

Sin embargo, el edil de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, afirmó que “no nos vamos a personar, porque si hubiéramos detectado cualquier indicio de conducta punible penalmente, hubiésemos sido nosotros los que hubiésemos denunciado”. Menos categórico se mostró el portavoz del Grupo Municipal Socialista y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, quien señaló que “toca esperar a los resultados de la intervención” antes de tomar una decisión. “Habrá un momento en el que deberemos tomar la decisión

-explicó-, cuando el interventor arroje resultados. Si los datos son de incumplimiento hay que recuperar la gestión de Emmasa, y si no hay irregularidades habrá que apretar al máximo las clavijas en todo lo que lo que nos permita el pliego”. Sin embargo, el edil dejó entrever que “el resultado será el que todos nos imaginamos, así que tenemos que prepararnos con todas las herramientas para un pleito con Sacyr”.

Arteaga y Martín se abstuvieron de la votación al plantear dudas la oposición por formar parte del consejo de administración de Emmasa. Martín respondió también negativamente a la moción del edil de Ciudadanos de Santa Cruz Guillermo Guigou, en la que solicitó la rescisión del contrato con Sacyr por incumplimiento.