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Políticos imputados – Por Leopoldo Fernández

   

En todas partes cuecen habas, dice el refrán, y esto vale también para los partidos políticos, que estos días se aprestan a cerrar sus listas para las elecciones locales y autonómicas de mayo próximo con problemas, en algunos casos insalvables, a cuenta de la imputación de varios aspirantes a concejales, consejeros insulares o parlamentarios regionales por casos de corrupción. Mientras no exista una normativa estatal diáfana, terminante, aceptada por todos y por todos aplicada, sobre las mínimas condiciones ético-morales que deben reunir quienes pretendan figurar en las planchas electorales, cada partido seguirá haciendo de su capa un sayo y utilizando la normativa interna a su antojo. Por no valer, ya no valen ni los resultados de unas primarias. Se dan así paradojas y contradicciones entre las formaciones políticas. Y mientras para unas la sola condición de imputado por la Justicia es motivo suficiente para no figurar en ninguna candidatura, para otras tal hecho no supone ningún inconveniente en tanto no medie la acusación de haber cometido un delito específico, o no se haya celebrado juicio, o falte sentencia firme. Hace unos días se publicaba en este periódico que en 17 de los 31 municipios de Tenerife existen -sin contar los casos en fase inicial de investigación o con la sola apertura de diligencias previas- no menos de una treintena de causas penales abiertas contra 11 políticos socialistas, ocho nacionalistas y cuatro populares, la mayor parte de ellos por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Sea como fuere, cada partido, ya digo, aplica su código interno, pero con criterios no uniformes, ya que en algunos casos la misma formación política incluye en su listas a algunos imputados, pero no a otros, por razones difíciles de entender, sobre todo si todos se encuentran en la misma fase procesal. Estos hechos denotan una incoherencia clamorosa, por no hablar de favoritismo o persecución, según los casos, a tono, una vez más, con la penosa calidad de nuestra democracia. Por si esto fuera poco, el poder judicial se ha plegado a los intereses de los grandes partidos y, en varios casos sonados, en vez de seguir su propio camino, aplaza o suspende sus actuaciones para no interferir en el proceso electoral.