X
política>

La reforma suprime las exigencias medioambientales a los 5 estrellas

   
Complejo hotelero en Gran Canaria, la isla donde se ha centrado la polémica por la renovación turística. | EP

Complejo hotelero en Gran Canaria, la isla donde se ha centrado la polémica por la renovación turística. | EP

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo Consultivo ya ha emitido su dictamen sobre el anteproyecto de ley por el que se permite la construcción de hoteles de nueva planta, de cualquier categoría, no vinculados a la rehabilitación turística. Actualmente, con la ley 2/2013, del 29 de mayo, solo se autoriza la edificación de establecimientos de cinco estrellas y gran lujo. Entre las observaciones, se recoge “una diferencia de tratamiento en la exigencia de requisitos de calidad”. Concretamente, el análisis llama la atención sobre la supresión de “las máximas exigencias de eficiencia energética y ahorro de agua” (artículo 4.4) para los establecimientos de cinco estrellas o superior rango (villas).

El Consultivo considera injustificada la introducción de elementos diferenciadores. La existencia de normas sectoriales relativas a los estándares de calidad no le parece suficiente y vaticina dificultades en el desarrollo reglamentario. Por ello, insta al Ejecutivo regional a “explicitar las razones”.

Tras un año de aplicación, recuerda el Consejo en su exposición, la memoria presentada ante el Parlamento evidencia “la elevada implicación de los sectores públicos y privados en la renovación integral” y de la “idoneidad de los mecanismos incentivadores”, que “se han revelado como catalizadores para impulsar la inversión empresarial a la creación de puesto de trabajo”. Pero el máximo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma se reafirma en que “no se alcanza el pretendido objetivo de simplificación” administrativa. “Continúa la proliferación de normas que se aprueban y modifican de forma sucesiva antes de que lleguen incluso a tener plena aplicación y eficacia, en detrimento del principio de seguridad jurídica”. Los ponentes intuyen que el anteproyecto responde a las inquietudes y sugerencias del empresariado turístico. Además, añaden, “viene a dar satisfacción a las alegaciones del Estado con ocasión del recurso de inconstitucionalidad”.

En un auto fechado el 24 de junio de 2014, el alto tribunal levantó la suspensión cautelar de los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley de Renovación y Modernización Turística. “En sí mismos, no prohíben la autorización de nuevos establecimientos alojativos; sino, al contrario, permiten autorizar establecimientos de alojamiento turístico de cinco estrellas o categoría superior en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife”, informó el Gobierno de Paulino Rivero.

El Consejo de Estado fundamentaba su argumentación en que la controvertida regulación suponía “una barrera casi total a la entrada de operadores y un cierre de mercado contrario a los principios liberalizadores de la directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el espacio interior” de la Unión Europea.

Ahora, el Consultivo interpreta que la modificación legislativa desactivará el recurso interpuesto. Por lo tanto, recalca, “este proyecto es un instrumento que, al margen del fin declarado, sirve también para solventar un proceso pendiente ante la jurisdicción constitucional”.

Durante la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo en la que se cursó el anteproyecto, el consejero Domingo Berriel explicó que los parámetros incidirán principalmente en el ahorro energético y la calidad de los servicios del complejo hotelero. “Si esos criterios se incumplen”, advirtió, “se quebrantará el interés general turístico, y los promotores podrían incurrir en faltas muy graves que conllevan sanciones de entre 3.000 y 300.000 euros y, en caso de reiteración, hasta la clausura de la actividad”.

A esta situación se ha llegado tras una intensa campaña liderada por el Cabildo grancanario, que no se tomó vacaciones.