Urbanismo inicia el expediente de demolición subsidiaria de la Celgán

El patio central de la fábrica se ha hundido por la lluvia. / FRAN PALLERO

N. TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Trascurrido el plazo de cinco días dado a los propietarios de la antigua fábrica de Celgán, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz ha iniciado el expediente de ejecución subsidiaria para proceder a la demolición parcial del inmueble. Así lo confirmaba ayer el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, que no dio más detalles sobre el tiempo que se va a tardar en llevar a cabo esta intervención.

El anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la semana pasada establecía que, una vez comunicado a las personas que viven actualmente en la fábrica la obligación de abandonarla para iniciar la demolición, los propietarios tenían cinco días para a su vez dar los pasos necesarios para cumplir con la orden de Urbanismo. Según confirmó ayer la edil de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, cuya área es la encargada de comunicar a estos ocupantes la medida, “ya hemos hablado con ellos y los cuatro han manifestado su voluntad de abandonar el sitio en cuanto se inicie la obra”. Según la edil, cuando haya una fecha definitiva de ejecución se contactará de nuevo con estas personas. “Confiamos en que entonces acepten la ayuda de los servicios sociales que venimos reiterando desde que están allí”. De esta forma, una vez finalice la elaboración del expediente de ejecución subsidiaria que implica la realización de un proyecto, se procederá a demoler la parte del edificio afectada por la orden del Ayuntamiento.

En la información publicada en el BOP se declara la ruina del denominado edificio A (en el que se derrumbó el techo del patio central). La declaración de ruina y demolición del inmueble va acompañada de la orden de inmediato desalojo de ocupantes y sus enseres de la antigua fábrica. Si transcurrido el plazo dado no se inician los trabajos para el derribo, será la GMU, a través de una ejecución subsidiaria, la que lleve a cabo la intervención, cuyo coste supera los 200.000 euros. Así mismo, Urbanismo detalla la imposición de una multa de 150.000 euros a los propietarios, Promociones Amojo, cuyo único socio es la empresa Inversiones Anadico, domiciliada en Galicia.