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Amenazan con desalojar a familias de Añaza que pagan alquiler social

   
Las viviendas se ubican en Añaza en un edificio construido por Fadesa y comprado por el Santander. / S.M.

Las viviendas se ubican en Añaza en un edificio construido por Fadesa y comprado por el Santander. / S.M.

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Las familias que viven en el edificio ubicado en Añaza propiedad del fondo inmobiliario Banif, que a su vez pertenece al Banco Santander, y que accedieron a las 66 viviendas del inmueble a través de un alquiler social gestionado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, viven desde el lunes una pesadilla. Varios de estos inquilinos han comenzado a recibir cartas de su casero amenazando con desahuciarlos por el impago del alquiler, renta que es abonada de forma directa por el Consistorio a Banif a través de la ayuda de alquiler. Ayer, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, se reunía con los afectados para darles un mensaje de tranquilidad: “No vamos a permitir ningún desahucio”. El alcalde exigió al banco Santander la paralización “de manera inmediata” de cualquier tipo de acción relacionada con este inmueble y sus inquilinos. “Si no cesan en su actitud amenazante me plantearé otro tipo de acciones”, añadió.

Tanto el regidor municipal como la edil de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, aseguraron ayer que el pago del alquiler se hace de manera regular, afirmando desconocer los motivos que han llevado a Banif a tomar esta “amenazante” actitud.

Las 66 viviendas de este edificio fueron puestas a disposición del Ayuntamiento de Santa Cruz por Banif gracias a la firma de un convenio con una vigencia de tres años y mediante el cual el fondo rebajaba el alquiler de los pisos y el Consistorio conseguía los inquilinos que harían frente a la renta a través de la concesión de una ayuda municipal. Bermúdez mostraba su indignación por la actitud de Banif, ya que no sólo no se han dirigido al Ayuntamiento para expresar cualquier tipo de contratiempo, sino que “han escogido el camino de las amenazas, enviando cartas e iniciando procesos que se remontan a noviembre del año pasado”.

Al corriente en los pagos
Desde Asuntos Sociales, Álvarez señalaba ayer que, según los datos que maneja, “estamos al corriente en el pago de los alquileres”. Concretamente, “hay cartas que hemos visto que hablan de que se adeuda el mes de enero y eso no es cierto porque está pagado”. Añadió la edil socialista que hoy mismo se procederá a firmar el pago de febrero.

“Estamos abonando los alquileres con una carencia de 20 a 25 días, el tiempo que tardamos en recoger todos los justificantes de los vecinos”. No obstante, Álvarez admite que puede darse algún caso puntual de retraso, puesto que “los vecinos han de traernos el recibo de la inmobiliaria para añadirlo al expediente y eso a veces se produce con retraso, pero hasta ahora se había solucionado sin ningún tipo de problema”. La edil se mostraba igual de sorprendida que el alcalde porque, aunque los contratos han sido firmados de forma individual por Banif con los vecinos, “pagamos nosotros de forma directa y hasta ahora no han expresado queja alguna”.

La edil insistió en que “no se va a producir ningún desahucio” y confía en que se aclare “el error”, que se ha debido de producir en algún punto del proceso, que según Álvarez puede deberse al cambio de gestor del fondo.

Guigou y Corrales: “Es una vergüenza”

Tanto Guillermo Guigou (Ciudadanos) como José Manuel Corrales (XTF) mostraron su indignación por una situación que tildaron de “vergonzosa”. Corrales aseveró que “al alcalde se le debería caer la cara de vergüenza por no pagar los alquileres sociales que prometió en rueda de prensa”. Por su parte, Guigou mostró su indignación con el Gobierno municipal “por vender a la prensa que los alquileres sociales de unas casas que ya eran de protección oficial, como un referente nacional”. Ambos ediles se preguntan además qué hay detrás de este edificio de Añaza, pues recuerdan que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunció que estaba en suelo público y que se lo había confirmado el propio edil de Urbanismo, José Ángel Martín. Guigou calificó la política del Gobierno municipal de “vende humos”, mientras que Corrales exige una solución y que, de una vez por todas, el Ejecutivo local aclare qué ha pasado con este suelo y con el edificio construido.