Petición de 52 años de cárcel para los 12 imputados de Las Teresitas

Vista general de la playa de Las Teresitas. | FRAN PALLERO

N. TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Los 12 imputados en el conocido como caso de Las Teresitas ya conocen las penas que la Fiscalía solicita para ellos por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En total suman 52 años de prisión, y al igual que ya lo hiciera la jueza de este caso, que analiza el presunto fraude cometido en la compra-venta del frente de playa santacrucero, solicita la apertura de juicio oral, una fecha que aún está por determinarse. De este escrito de acusación está excluido el exalcalde, Miguel Zerolo, cuya causa fue devuelta por el Tribunal Supremo tras abandonar su cargo como senador a finales de 2014 y que, previsiblemente, será tomada en cuenta más adelante. Ayer, CC y PSOE declinaron hacer declaraciones, al igual que el Consistorio como institución.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el que fuera concejal de Urbanismo, el nacionalista Manuel Parejo (condenado ya por el caso Mamotreto), la mayor pena de cárcel, con ocho años, al considerarlo autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Junto a Parejo, dos exconcejales más, el socialista Emilio Fresco y el popular José Emilio García Gómez, para los que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión en calidad de cooperadores necesarios para ambos delitos.

En su escrito, el fiscal también solicita cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, la misma pena que para los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca, también como cooperadores necesarios en la comisión del delito que se les imputa.

El tercer bloque de imputados lo componen los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González, para los que también se pide cuatro años de cárcel por el segundo de los delitos, considerándolos el fiscal inductores del mismo.

Para cargos públicos y funcionarios, además de las peticiones de prisión, la Fiscalía solicita inhabilitación especial para el desempeño de funciones públicas. Asimismo, la Fiscalía establece que interesa que los acusados “indemnicen conjunta y solidariamente” al Ayuntamiento de Santa Cruz en la cantidad de 6.570 millones de pesetas por el perjuicio ocasionado a las arcas municipales. “A esta cantidad le será de aplicación los interesese que se señalan en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Escrito
A lo largo de 47 folios, la Fiscalía Anticorrupción relata, de manera detallada, como a su juicio se urdió una trama para beneficiar a los empresarios con dinero público, comprando el Ayuntamiento unos terrenos, los del frente de playa, que ya eran suyos en parte, por una cantidad muy superior al valor tasado por la arquitecta municipal, Pía Oramas. El Ayuntamiento pagó 52,5 millones de euros frente a los 19,2 que había fijado Oramas.

Afirma el fiscal que “todo lo anterior ha hecho que los acusados, con su comportamiento arbitrario y al margen de lo procedimientos reglados, y con su postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado por los terrenos, se haya propiciado un lucro a Inversiones Las Teresitas SL a costa de un perjuicio de 6.570 millones de pesetas (39.486.495,26 euros) a las arcas municipales y, en definitiva, al pueblo de Santa Cruz de Tenerife”. La Fiscalía afirma que el alcalde Miguel Zerolo y el edil de Urbanismo, Manuel Parejo, dieron instrucciones para acomodar “la actuación completa de la administración municipal” para llevar a efecto lo que estaba pactado previamente con los empresarios, aunque se beneficiaba “única y exclusivamente a la parte privada a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales”.

Agrega que de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos que pensaba adquirir el Ayuntamiento, 63.700 ya habían sido cedidos gratuitamente al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimo-terrestre, lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal.

Apremio de intereses
Además, en el escrito se señala que el convenio de compraventa se produce de forma acelerada en un momento en el que los dos empresarios estaban “totalmente apremiados” por la necesidad de hacer frente a los intereses del préstamo de 33 millones de euros que habían solicitado en 1998 a CajaCanarias para adquirir a la Junta de Compensación de Las Teresitas tanto los terrenos del frente de playa como la zona de Las Huertas.
Los ediles José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, según el escrito, no solo no pusieron objeción a la compra de los terrenos, sino que la defendieron “siendo plenamente conscientes del gasto público que ello suponía para las arcas municipales”, mientras que no consta que el resto de los concejales que votaron a favor “fueran conocedores o partícipes del plan urdido”.