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Asuntos judiciales – Por Leopoldo Fernández

   

Los asuntos judiciales llaman estos días la atención, por su repercusión en una opinión pública sobresaltada ante tantas incidencias inexplicables. El primero de ellos es la admisión a trámite, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de una querella criminal interpuesta por el empresario Evaristo González, imputado en el caso Corredor -el mismo que afecta al alcalde lagunero, Fernando Clavijo-, contra el titular del Juzgado número 1 de La Laguna, César Romero Pamparacuatro. El querellante considera que el juez es responsable de un delito de “retardo malicioso” en la administración de justicia al demorar -sin, a su juicio, razones justificadas- todo el procedimiento por no comunicar imputaciones y acusaciones durante cerca de dos años. Con arreglo a la ley, el polémico juez ha quedado automáticamente apartado de la instrucción del caso -que a partir de ahora pasa a manos del Juzgado número 3, cuya titular es Carmen Rosa Marrero-, lo que ha dado pie a especulaciones y sospechas de diversa índole cuando las cosas son mucho más simples y no responden a intereses políticos ni a favoritismos de ocasión, sino al funcionamiento ordinario de la justicia. No creo yo que a nadie le interese retrasar la resolución de un caso que parece gafado desde un principio, por los problemas que le afectan, pero así están las cosas. El segundo asunto judicial es el del llamado mamotreto, edificio soterrado de aparcamientos diseñado en la playa de Las Teresitas por el célebre arquitecto francés Dominique Perrault. Ni el juzgado, que ordenó su derribo parcial; ni Costas, que debe fijar el deslinde definitivo de esa zona; ni el ayuntamiento, obligado a actuar bajo criterios jurídicos seguros, se ponen de acuerdo. Teniendo en cuenta las necesidades de aparcamiento de la playa y que la resolución judicial debe quedar sujeta a la servidumbre pública según sea el deslinde rectificado por Costas, lo lógico es que todas las partes se pongan de acuerdo para evitar el derribo del mamotreto. Ha costado más de 10 millones de euros y está llamado a prestar un servicio demandado por los ciudadanos y levantado en su día, previo concurso, con esa finalidad. Son más los beneficios que se obtendrían manteniéndolo en pie que los derivados de echarlo abajo por mero capricho.