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La AUGC exige que los guardias civiles dejen de ser militares

   

Rueda de prensa de AUGC. | EP

Rueda de prensa de AUGC. | EP

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido la eliminación del Código Penal Militar al entender que amenaza derechos fundamentales e implica que los guardias civiles sean militares en la realización de sus funciones policiales, y acusa al Gobierno de querer que sean “policías militarizados” y “no cuestionen las órdenes de sus superiores”.

En rueda de prensa, el responsable de la AUGC, Alberto Moya, ha dicho que la aplicación de esta norma representa un “suicidio profesional” para los guardias civiles, que por la comisión de una falta administrativa, como puede ser la discusión con un mando, se exponen a la entrada en una prisión militar.

Alberto Moya señaló que los alrededor de 30 guardias civiles que actualmente están pendientes de una posible condena de prisión militar en España están sometidos a un “auténtico vía crucis” y una “absoluta indefensión”, y añade que una sentencia condenatoria es “el final de un camino de desgaste físico y psíquico de un profesional que se ve expuesto a su privación de libertad por una simple falta laboral”.

Así, puso de ejemplo el caso de un guardia civil destinado en el municipio tinerfeño de Arona que, por discutir con un cabo primero, tiene que sentarse ante un tribunal militar el próximo 22 de abril, que puede deliberar su entrada en la cárcel durante cinco meses. En sus mismas circunstancias está otro agente de Tenerife, que también puede verse privado de libertad por una controversia con su jefe.

El delegado de AUGC en Santa Cruz de Tenerife, Juan Fernández, hizo hincapié en que la condena es “el final de un calvario, que comienza con la notificación de la apertura de un expediente, la aplicación de la libertad condicional, la obligación de firmar todos los meses en un juzgado, la pérdida de destino, la suspensión de funciones y la pérdida de salario, que en el caso del guardia civil destinado en Arona, supone la mitad de su retribución salarial”.

Alberto Moya y Juan Fernández denunciaron que la aplicación del Código Penal Militar ha “vaciado” de contenido a la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y el artículo 7.bis del Código Penal Militar, en la que se especifica que el uso del Código en la Benemérita “solo se ciñe a situaciones extraordinarias y siempre que se den las circunstancias de tiempo de guerra, estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar y/o la integración del personal del Cuerpo Policial en Unidades Militares”.

Esta norma, añadieron, se aplica en situaciones que no especifica la Ley desde que en 2012 una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó la aplicación del Código Penal Militar en la funciones de deberes esenciales (disciplina, jerarquía, cohesión interna, unidad). “Es un Código garantizador de la jerarquía”, denunció Moya, quien resaltó que las penas impuestas por un tribunal militar son de cumplimiento íntegro, aunque no se tengan antecedentes y la condena sea inferior a dos años.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR

Alberto Moya recordó que actualmente está en trámite parlamentario un anteproyecto de reforma del Código Penal Militar, que “recrudece la situación actual”, ya que introduce en su artículo 77.3 un “torpedo teledirigido” contra las asociaciones profesionales de la Guardia Civil a cuyos integrantes, dijo, “se les puede imputar un delito por derechos ya adquiridos”.

Según el responsable de la AUGC, “esta remilitarización de la Guardia Civil cuenta con el beneplácito del Gobierno”, pues “está interesado en que los guardias civiles sean policías militarizados, que no se cuestionen las órdenes de sus superiores ni la limitación de sus derechos, para evitar así sacar a la calle al Ejército en caso de tener que hacer frente a posibles convulsiones sociales de cara a las próximas elecciones generales”.

Denunció que es el Ministerio del Interior y no el de Defensa el que está impulsando esta medida. Moya anunció que AUGC no va a cejar en su empeño para que el Código Penal Militar deje de aplicarse a la Guardia Civil. De hecho, recordó que el pasado martes, la Asociación dio plantón a la reunión del Consejo de la Guardia Civil como medida de protesta ante el “desprecio” que sufren los profesionales de esta institución.

AUGC también ha solicitado una reunión con el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, para exponerle su malestar. Además, anunció que la Asociación adoptará todas las medidas de presión necesarias para poner fin a esta “situación de desprecio” hacia los agentes y “recorte de sus derechos”, que, afirmó, “está sujeta únicamente a la voluntad política del Gobierno”.