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La Cámara regional valora el “esfuerzo” en la defensa de los “intereses” de las Islas

   
Román Rodríguez toma notas en el debate de política general. / S. M.

Román Rodríguez toma notas en el debate de política general. / S. M.

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento “reconoce y valora la firmeza” del Ejecutivo “en la defensa del interés general de Canarias en todas las instancias y, en particular, ante el Gobierno de España” en asuntos como el “modelo de privatización” de AENA, la demanda de un nuevo sistema de financiación autonómica, una política de transportes específica y en contra de las prospecciones de Repsol en aguas del entorno de Lanzarote y Fuerteventura. Esta es una de las propuestas de los grupos nacionalista (CC-PNC-CCN) y socialista consecuencia del último debate general sobre la situación de la Comunidad Autónoma de la octava legislatura. Las otras se refieren al “sostenimiento de los servicios públicos fundamentales”, los objetivos de déficit y la deuda, la participación en en los procesos parlamentarios mediante los proyectos de ley, así como los “grandes acuerdos” para el periodo 2014-2020 en los ámbitos social e institucional en políticas transversales.

Fiscalidad y turismo
El Grupo Mixto (NC-PIL) contribuyó con sugerencias que van desde la progresividad fiscal hasta el rechazo del copago sanitario, pasando por la tasa turística, el empleo o la cohesión social.

En lo que respecta a los aspectos económicos del REF para el periodo 2015-2020, el Parlamento urge al Gobierno autonómico a que demande al de la nación el inicio de negociaciones para una actualización sobre la base de la resolución aprobada por unanimidad el 17 de julio de 2012. “En ningún caso debe estar supeditado ni condicionado”, advierte, “por la imprescindible modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”.

Bajo el epígrafe de la energía, se emplaza a reclamar una declaración de la extinción de los permisos de ejecución de los sondeos exploratorios en las autorizaciones concedidas a Repsol en la búsqueda de hidrocarburos (gas o petróleo) en aguas próximas al Archipiélago. Simultáneamente, se reivindica un marco normativo diferenciado para las energías renovables.