X
internacional >

El chavismo se queja de injerencia de Felipe González en Venezuela

   

EUROPA PRESS | Madrid

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Darío Vivas, Gladys Requena y Adel El Zabayar criticaron ayer al expresidente español Felipe González por presentarse como “suprajuez” en Venezuela cuando, en realidad, está defendiendo “la corrupción, la violencia y el terrorismo de Estado” que ha sufrido el país sudamericano.

De este modo, los diputados, que forman la delegación venezolana que participará en la próxima reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP), han vinculado la postura del expresidente González con su relación con el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez. “Es público y notorio la relación personal entre ambos”, declaró Vivas, al tiempo que aseguró no entender porque razón se hizo “pana” (amigo) de Pérez, el padrino político de Antonio Ledezma.

Por ello, los parlamentarios del PSUV, el partido del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguraron que no ven honesta la decisión de González de ofrecerse como abogado defensor de los opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma.

Así, Vivas declaró que el pueblo de Venezuela no quiere ni necesita que nadie se ubique por encima de las instituciones del estado. “No necesitamos un suprajuez y creo que Felipe González pretende ser eso, para defender la corrupción, la violencia y el terrorismo de Estado”, argumentó el parlamentario venezolano, al tiempo que defendió el proceso judicial abierto en Venezuela “contra delincuentes de la política” por estimar que es acorde a la Constitución y los instrumentos legales. Los miembros del PSUV tacharon de “grosería” la posición de González y afirmaron que “no tiene moral desde el punto de vista ético político”. En particular, la diputada Requena vinculó el terrorismo de estado en Venezuela perpetrado en la década de los 60 con los valores de González, a quién calificó de “lobbista de las transnacionales”.

Por otro lado, Amnistía Internacional denunció ayer los “abusos” que se han cometido en Venezuela a raíz de las protestas de febrero de 2014 y acusó al Gobierno de Maduro de perpetuar la “impunidad” entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines a su Administración. La ONG ha elaborado un informe (Los rostros de la impunidad) en el que, con investigaciones y entrevistas sobre el terreno, pone de manifiesto las dificultades y abusos a los que se enfrentan defensores de Derechos Humanos, dirigentes opositores o la propia población que decide manifestarse.