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caso mamotreto

La defensa de Plasencia y Ariz ve inviable la ejecución de sentencia

   
Imagen de archivo del edificio de aparcamientos ubicado en la entrada de la playa de Las Teresitas. / F. PALLERO

Imagen de archivo del edificio de aparcamientos ubicado en la entrada de la playa de Las Teresitas. / F. PALLERO

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

La representación legal de Norberto Plasencia y Loreto Ariz, dos de los condenados por el llamado caso Mamotreto, solicitó el pasado martes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que plantee al juzgado un conflicto de competencias al entender que, en la actualidad, es inviable la ejecución de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en relación con este edificio de aparcamientos ubicado en la cabecera de la capitalina playa de Las Teresitas.

En el escrito presentado por dicha representación legal, que ostenta el exmagistrado y exfiscal general del Estado Eligio Hernández, se considera insólito que el Consistorio solicite al juzgado una legitimación para la redacción del Plan especial de desarrollo del ámbito de ordenación del Frente de Playa de las Teresitas, ya que tal competencia es exclusiva del Ayuntamiento y que en el mismo se podría dar solución al conflicto.

Esta iniciativa, que surge como consecuencia del informe de la Dirección Técnico Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 23 de enero de 2015 dirigida al juzgado en cuestión, el número cinco de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, marca como hito fundamental para el caso la respuesta de la Dirección General de Costas al Ayuntamiento en la que, como recordará el lector, se concluye que la servidumbre de protección no pertenece al dominio público marítimo terrestre y que los usos que plantea el Ayuntamiento de aparcamiento y locales son usos autorizables en la servidumbre de protección.

Este dato es clave, dado que la sentencia basa su condena precisamente en lo contrario, lo que, unido a los supuestos errores técnicos incluidos en las periciales que sustentan la decisión judicial (denunciados en su día por el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón), ha motivado la presentación de distintos recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Supremo para revocar una sentencia que incluye penas de prisión y de inhabilitación para tres exconcejales y tres funcionarias del Ayuntamiento santacrucero.

Ahora, en otra iniciativa legal paralela a la de dichos recursos, Hernández razona que el derribo del llamado mamotreto, dispuesto por la Justicia y que deberían costear los condenados, debe conducir a la legalización de lo ya construido, dado que así lo faculta la propia sentencia cuando faculta a salvar de la piqueta la parte que sea regularizable.

Tal y como se expone en el escrito, “el mismo pronunciamiento judicial declara que sí es regularizable/legalizable administrativamente en todo caso (en el marco de la ejecución de la Sentencia) sobre la base de un proyecto ajustado a la legalidad vigente (la legalidad y el planeamiento urbanístico), es decir, de un ‘proyecto de legalización’ (que recoja el estado de lo conservable y las eventuales modificaciones a introducir, si las hubiera)”. Para el jurista resulta evidente que “la ejecución de la referida sentencia de la Audiencia Provincial por el Juzgado de lo Penal Número 5, que ha requerido al Ayuntamiento para la demolición, invade las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Ayuntamiento sobre la Ordenación del territorio y del litoral”, lo que a su juicio “procede que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Canarias le planteen al Juzgado de lo Penal Número Cinco un conflicto de competencias”, lo que llevaría aparejado la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que se dirima el mismo.

Candelaria Benítez también pide amparo ante el Tribunal Constitucional
Alfonso Delgado, abogado de Candelaria Benítez, otra de las condenadas por el llamado caso Mamotreto, ha presentado en nombre de su cliente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como ya hicieran en su día otros afectados por esta sentencia, que entiende delictiva la construcción de estos aparcamientos en la entrada de la santacrucera playa de Las Teresitas y que incluye penas de prisión e inhabilitación para tres exconcejales y tres funcionarios del Ayuntamiento capitalino.

Dicho recurso se basa en la supuesta vulneración del derecho a la tutela efectiva, al entender que Benítez sufrió indefensión durante el proceso por infracción del principio acusatorio y valoración ilógica de la prueba.
Además, el recurso también considera que igualmente se han vulnerado los principios de legalidad penal y de seguridad jurídica.

En el recurso presentado por Delgado (abogado de la única absuelta en este proceso, Luz Reverón) se describe con detalle lo que se consideran irregularidades tales como que el juzgado dictó sentencia cuando habían dos procesos contencioso-administrativos pendientes, así como que la sentencia no valorase (para bien o para mal) las periciales de los técnicos que sí respaldaron la tesis de su defendida.

También se alude al cambio del tipo penal por el que se condena en la sentencia de la segunda instancia, entre otros argumentos.