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La incompetencia generó el retraso en atención a dependientes canarios

   

Antonio Castro y Jerónimo Saavedra, ayer en la Cámara regional. / FP

Antonio Castro y Jerónimo Saavedra, ayer en la Cámara regional. / FP

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El diputado del Común, Jerónimo Saavedra, reconoció ayer una mejora en la gestión de los asuntos sociales por parte del Gobierno de Canarias, especialmente en la atención a los dependientes, si bien recordó que el drama continúa a cuenta de una carencia presupuestaria que se traduce en desamparo para los más necesitados de Canarias. El grancanario no dudó en señalar a la incompetencia como causa de los problemas de aplicación de la referida normativa estatal en las Islas.

Las declaraciones de Saavedra, efectuadas en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Parlamento autonómico, se encuadran en el marco de la entrega formal a la Cámara del informe anual de la institución que preside el que fuera primer presidente regional.

Auténtico látigo a la hora de criticar a la Consejería que dirige Inés Rojas durante esta legislatura, Saavedra apuntó ayer como causas de la mejora en atención a los dependientes un relevo efectuado entre los jefes de servicios y el nombramiento de “una persona eficaz” que, al parecer, ha sabido desatascar correctamente los problemas de ajuste entre el antiguo plan de dependencia canario y la estructura del surgido a raíz de la ley promulgada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por lo que desveló ayer Saavedra, la incompetencia de los gestores anteriores hacía que Canarias perdiese fondos para los dependientes de las Islas (tres millones de euros sólo el año pasado) al no comunicar como tales a los ingresados en residencias de los cabildos o de los ayuntamientos (base del antiguo plan canario). Ello se ha traducido en que, de un año para otro, se ha reconocido a unos 9.000 isleños más como dependientes, lo que se ha traducido en más dinero para el Archipiélago en esta materia.

Ya no hay más buenas noticias. El panorama que Jerónimo Saavedra obtiene por la elaboración del informe anual de la Oficina del Diputado del Común sigue resultando temible, dado que aumentan las quejas en un 2,7% con respecto al ejercicio anterior gracias al imparable avance de la problemática social. Así, el Diputado del Común recibió un total de 1.648 quejas ciudadanas en el año 2014, de las que los problemas relacionados con los asuntos sociales generaron 219, tal y como informa Europa Press.

En este sentido, indicó que un total de 19.373 personas acudieron al Diputado del Común en 2014, un 10,32% , y el 55% de las quejas se presentaron personalmente.

En cuanto a la globalidad del trabajo, el diputado del Común señaló que la lentitud de las administraciones públicas sigue siendo considerable, aunque sólo dos ayuntamientos fueron declarados obstruccionistas: el Ayuntamiento de La Oliva, por un tema de no ejecución de sentencia firme que obliga a la celebración de nuevas oposiciones al cuerpo de bomberos, y el Ayuntamiento de Tuineje, por una obra ilegal que no ha sido derribada, por lo que el Diputado del Común ha trasladado este asunto a la Fiscalía.

Por lo demás, Jerónimo Saavedra reconoció que se produjeron mejoras en el funcionamiento de las administraciones locales, pues si en el año 2013 habían sido muy pocos los ayuntamientos que no habían tenido ninguna queja, en 2014 fueron 22, lo que, en su opinión, “quiere decir que esos ayuntamientos están funcionando mejor”.

En cuanto al origen de la queja, Tenerife, Gran Canaria y La Palma son las islas que mayor número registran. Valga como dato que el Diputado del Común consiguió en 2014 que se devolvieran más de 132.000 euros por multas o impuestos.


Refugios para la mediación familiar

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

La presentación en comisión parlamentaria de un informe del Diputado del Común específico sobre los Puntos de Encuentro Familiar en Canarias mostró ayer de nuevo la peor cara de los recortes presupuestarios y sus consecuencias en asuntos sociales.

Dicho informe permitió constatar cómo se desmanteló esta red de refugios para la mediación familiar en las Islas a cuenta de la crisis, aunque el Gobierno se comprometió ayer a respaldar una salida presupuestaria que palíe esta carencia, pasando de los 100.000 euros destinados el año pasado a 144.000 para este ejercicio. Estas cantidades siguen, no obstante, muy lejos de los 524.013 euros gastados en 2009 o de los 454.454 euros del año siguiente. El informe de la institución parlamentaria que comanda Saavedra ya ha obtenido respuesta del Ejecutivo de Rivero, que se ha limitado a matizar una decena de la treintena larga de consideraciones incluidas en el citado análisis.

El anuncio gubernamental fue recibido con alegría por parte del diputado del Común, Jerónimo Saavedra, quien celebró el consenso existente entre grupos aunque expresó sus dudas de que la cofinanciación entre administraciones llegue a buen puerto.

Saavedra recordó que en la actualidad hay 29 menores en lista de espera para beneficiarse de este tipo de recursos, que la ley obliga a establecer un mínimo de uno por isla y que, en la actualidad, apenas quedan dos: el de Gran Canaria, que respalda su cabildo insular, y el de Tenerife, impulsado por la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife.