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Muñoz, el fiscal del caso Roldán: “La corrupción urbanística no existe”

   
José Ramón Navarro durante la inauguración. |

José Ramón Navarro durante la inauguración. |

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El fiscal en excedencia Javier Muñoz Cuesta, uno de los pioneros de la fiscalía anticorrupción, arrancó ayer su ponencia en las Jornadas sobre delitos relacionados con la corrupción aseverando que “la corrupción urbanística no existe como tal”. Muñoz, que alcanzó gran notoriedad al representar al Ministerio Público en casos tan sonados como el proceso contra el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán o el exdelegado del Gobierno en Navarra Gabriel Urralburu, aclaró la tajante sentencia detallando que, en todo caso, “hay delitos urbanísticos que pueden tener relación con la corrupción, pero eso no implica que en nuestro ordenamiento se recoja la corrupción urbanística como tal”.

El prestigioso fiscal, que también ha ejercido como abogado, expuso durante su ponencia, titulada Delitos urbanísticos, sus reparos a la reforma efectuada en 2010, ya que “a mi modo de ver, hay cuestiones administrativas que han pasado a lo penal”.

Sus críticas a la creación de los tipos penales contra la ordenación del territorio y contra el urbanismo (“una distinción que me sigue costando llevar a cabo”, confesó) pasaron por una alusión al principio de intervención mínima del Derecho Penal y a la propia redacción del Código.

“Hecho de menos [en esos artículos del Código Penal] la palabra grave”, agregó Muñoz, para quien sólo se deberían perseguir como delitos los temas de mayor relevancia. También sostuvo que, con la redacción actual, “son normas penales en blanco”, lo que en su opinión dificulta la tarea de unos jueces y de unos fiscales “que no siempre tienen la formación deseada para temas de gran complejidad”. En una velada alusión al llamado caso Mamotreto, Muñoz lamentó que este tipo de situaciones acaben dependiendo del trabajo de los peritos y de la interpretación que realicen los jueces de esas periciales.

El especialista añade que todo ello “crea inseguridad jurídica”, y que este panorama “no es el más deseable, ya que los tipos penales deben ser claros”.

Las personas jurídicas: 80% de los delitos económicos”
Nadie mejor para abrir unas jornadas sobre delitos relacionados con la corrupción que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. El jurista tinerfeño mostró ayer dos de sus puntos fuertes. Por un lado mostró su carácter afable que tanta simpatía despierta a su paso, agradeciendo “estar en casa y con tantos amigos”, a la par que mostró su altísimo nivel técnico con una breve clase magistral sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema que, por novedoso, tanto le queda aún por desbrozar.
De la importancia del mismo basta un dato que recordó Navarro y que aporta el Instituto Max Plank: “El 80% de los delitos económicos son cometidos por personas jurídicas”. Cabe recordar que, hasta la reforma de 2010, sólo las personas físicas tenían responsabilidad penal.
Con precisión de cirujano, Navarro desgranó lo sustancial de tan reciente regulación y los problemas que siguen sin resolverse. No dudó en señalar lo incongruente que resultan algunas excepciones (no se contempla la apropiación indebida, están exentas las grandes compañías a cargo de servicios públicos) o los problemas que surgen sobre quién representa a la persona jurídica o cuándo ésta es, a la vez, acusación y posible responsable subsidiario.
Un problema autonómico y local más que estatal
La abogada del Estado Lucía Pedreña, que en la actualidad es adjunta del Departamento de Penal en la Subdirección General de los Servicios Contenciosos, recordó ayer que la corrupción “se da en raras ocasiones en la administración general del Estado; es un problema mucho mayor en la administración local y en la autonómica”. Pedreña, con la ponencia Contratación pública y corrupción; delitos cometidos por funcionarios, se caracterizó por su minuciosa exposición, enriquecida por su gran experiencia en la Abogacía del Estado. Sirva como anécdota que aprovechó para desmentir en público que fueran ellos los defensores del acosador en el caso de la militar Zaida Cantera. Especialmente interesante resultó su exposición sobre la prevaricación, sobre la que recordó la necesidad de que no verse sobre una mera ilegalidad sino en aquellas groseras y manifiestas. Como ejemplo de que puede cometerse por omisión, recordó el caso del alcalde condenado por no convocar el pleno en el que se iba a votar una moción de censura que perseguía desalojarle del cargo. Memorable su anécdota acerca de la funcionaria que no quería pagar a Hacienda ya que se proclamaba Robin Hood y los impuestos eran un robo… Eso sí, lo que defraudaba no se lo daba a los pobres: lo repartía con su familia.