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Policía bajo sospecha – Por Leopoldo Fernández

   

Algo muy grave está pasando estos días en la Dirección General de la Policía cuando, olvidando su natural discreción y reserva, tantas informaciones asombrosas salen a la luz pública relacionadas con grabaciones ilegales realizadas hace tres años al presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, y tantas filtraciones se suceden en torno al ático que adquirió en una lujosa urbanización de Estepona, en plena Costa del Sol, y a los negocios privados del comisario José Villarejo, todo un personaje bajo sospecha sobrevenida en varios asuntos turbios. No es normal que la policía entre en los juegos partidarios, se dedique a filtrar informaciones para beneficiar o perjudicar, según los casos, a personajes políticos y efectúe prácticas ilegales, como los intentos de chantaje o la realización de grabaciones sin autorización judicial. El director general de la Policía y, sobre todo, el ministro del Interior, deben comparecer en sede parlamentaria para explicar el
-por decirlo benévolamente- extraño funcionamiento de un departamento en el que, al parecer, algunos funcionarios operan con total impunidad al margen de las normas legales. La inmensa mayor parte de los policías son ciudadanos honrados que sirven a su país y trabajan por la seguridad de todos desde presupuestos irreprochablemente profesionales, con absoluta lealtad a las leyes y reglamentos que les son aplicables. Lo anormal es que algunos de ellos, y encima con cargos de responsabilidad, anden envueltos en querellas judiciales y batallas internas propias de patio de colegio. O que trabajen al margen de la estructura de mando del cuerpo policial en asuntos de especial gravedad, como los casos Gürtel, Campeón, Gao Ping, Jordi Pujol, Garzón, Púnica y del pequeño Nicolás, entre otros. Además, dicho comisario llegó a ser director general de la Policía y ha estado diez años en excedencia, los cuales aprovechó para hacer crecer sus múltiples negocios y participaciones -en algunos casos en puestos de especial responsabilidad- en una docena de empresas, ahora bajo investigación. Con tanto poder y tanta información, es lógico que Villarejo despierte envidias y susceptibilidades y que el ministro del Interior se vea obligado a ofrecer explicaciones y aclaraciones convincentes.