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caso fundescan > la investigación judicial

La Policía certificó el borrado de los ordenadores de la fundación

   

Imagen de una manifestación de trabajadores de Fundescan en Santa Cruz de Tenerife. | DA

Imagen de una manifestación de trabajadores de Fundescan en Santa Cruz de Tenerife. | DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Los especialistas de la Brigada Tecnológica de la Jefatura Superior de Policía en Canarias certificaron en 2012 un borrado de los ordenadores en los que se guardaban contabilidades de algunos ejercicios económicos de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan), una entidad promovida por la Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias que entre 1996 y 2010 sumó una deuda reconocida superior a los 17 millones de euros, tal y como adelantó hace una semana DIARIO DE AVISOS.

A pesar de que el caso Fundescan también se dirime por lo Penal en Gran Canaria, fue el titular del Juzgado Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el que dispuso el registro policial que comprobó la desaparición de los archivos, calificada como “inexplicable” por parte de los propios administradores concursales de la fundación a la espera de que dicho juzgado concluya sus trabajos y desvele sus conclusiones al respecto.

Clave
No es la primera irregularidad que se detecta con respecto a la contabilidad de Fundescan, dado que auditorías independientes realizadas a la fundación reflejan la ausencia de las cuentas en alguno de los ejercicios (o al menos de datos suficientes para cerrar las mismas), así como que, supuestamente, las facilitadas al juzgado no concuerdan con los datos enviados a Hacienda. Tales auditorías reflejan las principales irregularidades en los años 2007 y 2008, y fueron un factor clave para que en 2010 se declarase la insolvencia de esta entidad, cuyo fin inicial era (a imagen y semejanza de lo que ocurría a nivel nacional).

La falta de información impide cerrar las cuentas de algunos de los ejercicios

Para hacerse una idea del descontrol existente, en la contabilidad que se auditó no figuraban las subvenciones ingresadas, cuando era precisamente la principal fuente de ingresos de Fundescan. La gravedad de estos hechos supera con creces lo que supone de infracción de la legislación mercantil vigente. Hay que tener en cuenta que la cuestión jurídica que se dirime es dilucidar si Fundescan y UGT Canarias compartían o no las cuentas, ya que en tal caso tendrá que ser el sindicato quien responda por la citada deuda de más de 17 millones de euros, una cifra que el actual secretario general, Gustavo Santana, ha reconocido como imposible de afrontar.

Situación actual
De momento, los juzgados de lo Social en la provincia tinerfeña han condenado a UGT Canarias a pagar prácticamente todos los trabajadores de Fundescan el dinero que se les debía por la extinción de su contrato y por mensualidades sin abonar. Sin embargo, en los tribunales de Las Palmas se han impuesto las tesis del sindicato.

En cuanto a la jurisdicción mercantil, los administradores concursales han informado al juzgado de que se trata de un concurso culpable del que deben responder los patronos de Fundescan con su patrimonio y, como responsable civil subsidiario, UGT Canarias.

Pero a buen seguro que es el proceso penal, iniciado a raíz de una querella presentada por el abogado tinerfeño José Luis Gutiérrez, el que más atención llama a los interesados, habida cuenta de que hasta 15 exaltos cargos de Fundescan y UGT se encuentran imputados en una instrucción en la que ya han declarado más de 60 testigos.