Las prisas, el mayor problema de la nueva Ley de renovación turística

Imagen de varios complejos alojativos del sur de Tenerife. | DA

M. F. | Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento de Canarias cerró la pasada semana el plazo para la presentación de las alegaciones y enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Se trata de un proyecto de ley que el Gobierno se apura a sacar antes de las elecciones y que se justifica por las dificultades de aplicación de los mecanismos vigentes de la presente ley. Además, la nueva norma prevé la ampliación de todo tipo de establecimientos turísticos sujetos a autorización previa, eliminando el requisito tan polémico de las cinco estrellas, añadiendo la nueva exigencia de que debe cumplir con los estándares de calidad edificatoria y de impacto ambiental, así como reunir nuevas condiciones de densidad, equipamiento e infraestructuras y servicios.

Este ha sido, quizás, el punto más polémico de este norma que es calificada por la oposición de un “mal texto” porque acalla “algunas voces, pero no satisface a la mayoría”. El Grupo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto porque, asegura, el Gobierno “se inventa en el texto una autorización nueva para permitir la construcción de equipamientos turísticos. Se trata de un texto”, dice el PP, “que incorpora nuevas exigencias a los promotores turísticos para construir sus complejos y, en último término, deja en manos del propio Gobierno de Canarias la capacidad de decidir si se aprueban o no los proyectos turísticos”.

El apartado al que se refiere el PP es a la disposición transitoria segunda del proyecto de ley que dice que, en tanto no se apruebe el correspondiente reglamento que contemple las medidas medioambientales y energéticas para autorizar los nuevos complejos, será el presidente del Gobierno, el que, en última instancia, quien decida qué proyecto sale adelante y cuál no. En este sentido, los populares aseguran que lo único que va a conseguir esta nueva normativa tal y como está planteada es una huida de inversores y promotores a otros destinos donde les resulte más rentable invertir.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Grupo Mixto en el Parlamento, que presentó la pasada semana una enmienda a la totalidad en la que critica que el Gobierno haya cedido a presiones empresariales.

Para el Grupo Mixto no parece una buena técnica hacer una modificación de una ley apenas 20 meses después de su aprobación, “máxime si no se tratan de pequeños cambios o corrección de errores, sino que suponen la alteración de numerosos apartados de al menos cinco artículos, dos disposiciones transitorias y se introducen seis nuevas”. Además, recuerdan que hay que acertar desde el principio con los incentivos para que al empresario y propietario del establecimiento le salga rentable renovar y rehabilitar.

El hecho de que 20 meses después de aprobado el texto se decida cambiar prueba que para los inversores no resulta nada atractiva esta medida o que no ha dado el resultado esperado.

“Las prisas con las que se ha presentado este proyecto de ley nos hace temer que tampoco estas modificaciones estén bien reflexionadas y consensuadas y obedezcan solamente a la necesidad de que sean aprobadas antes de que finalice la legislatura para obedecer a los grandes lobbys empresariales”.