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Los recortes presupuestarios dejan a los dependientes canarios sin cuidadores

   
Los dependientes canarios están cada vez más solos. / DA

Los dependientes canarios están cada vez más solos. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Ser dependiente en Canarias se ha convertido casi en un ejercicio de supervivencia. A la falta de ayudas y de plazas residenciales y las demoras para percibir la prestación, hay que sumarle también los problemas que padecen desde hace dos años los cuidadores no profesionales que percibían la paga por la asistencia en el entorno familiar. De hecho, según los últimos datos publicados por el Imserso -el organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-, desde diciembre 2011 un total de 2.469 cuidadores isleños han dejado de cotizar, lo que supone una reducción de casi el 95% de los afiliados. Así, de las 2.695 personas que estaban en situación de alta hace cuatro años, se pasó a sólo 226 en diciembre pasado.

Y es que al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, el Estado invitó a los afectados a costearse sus cotizaciones, extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%. Pero son pocos los que ahora pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían percibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, esta cantidad, que rondaba los 370 euros al mes, se ha visto reducida en unos 60 euros. La figura del cuidador no profesional es uno de los recursos que la ley reconoce a los dependientes, y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano, que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 4.000 en el Archipiélago, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad, porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explican desde la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, donde señalan que los 226 cuidadores que actualmente continúan afiliados en el Archipiélago -112 en la provincia de Las Palmas y 114 en la de Santa Cruz de Tenerife- lo hacen en su mayoría “porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación”.

Una opinión que suscriben desde la Plataforma Tenerife Discapacidad, donde recalcan que la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone “la pérdida de un derecho subjetivo”. Además, “desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007”, agregan las mismas fuentes, quienes dejan claro que “las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales”. “Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de 1.000 millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres”, denuncian.

A nivel nacional se han perdido más de 155.000 cotizantes desde que la Administración dejara de costear las cotizaciones de los cuidadores, una cifra que seguirá creciendo en 2015.

Adiós a uno de los pilares del sistema

Una de las entidades más críticas con la gestión de la dependencia en Canarias es la plataforma Tenerife Discapacidad, que agrupa a medio centenar de asociaciones de la provincia vinculadas a este colectivo. Uno de sus portavoces, Raúl Cordero, expone que la decisión del Gobierno de dejar de pagar las cuotas de los cuidadores es “uno más” de los recortes emprendidos en materia de dependencia. “Se vendió que los cuidadores iban a poder cotizar y a tener un salario que compensaría los ciudados en casa, y todo eso se lo han cargado”, espetó Cordero, quien aseguró que este “era uno de los pilares que tenía la ley, porque la mayoría de cuidadores son mujeres, lo que supone una nueva discriminación y favorece el aumento del desempleo”. “En Canarias, al Gobierno autonómico le ha venido muy bien esta medida, porque así no tendrán que seguir poniendo dinero de su presupuesto; y veremos cómo queda la partida para este año, porque hay muchos cuidadores que están cobrando ahora a pesar de que la persona a la que atendían falleció, porque los retrasos en los pagos están entre dos y tres años de media”, asevera Raúl Cordero, quien recordó que “algo similar ocurre con los grandes dependientes que se encuentran en las residencias, porque el copago del usuario no permite a las entidades subsistir, y tienen que tirar de créditos e hipotecarse”.