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CASO MAMOTRETO >

El TS rechaza revisar la sentencia, como pidieron Plasencia y Ariz

   

En esta causa hay seis condenados a penas de cárcel e inhabilitación. / DA

En esta causa hay seis condenados a penas de cárcel e inhabilitación. / DA

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la solicitud presentada en nombre del exconcejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Norberto Plasencia y de la funcionaria de dicho consistorio Loreto Ariz para que se revisara la sentencia dictada en el llamado caso Mamotreto a cuenta de la construcción de un edificio de aparcamientos a la entrada de la capitalina playa de Las Teresitas.

En su decisión, el alto tribunal hace suyo el dictamen elaborado por la Fiscalía al considerar que “ninguno de los documentos cambia un ápice la corrección del fallo cuya revisión se pretende”.

Los documentos a los que se refiere son la base del recurso argumentado por el abogado de Plasencia y Ariz, el exfiscal general del Estado y exmagistrado Eligio Hernández, y que consisten en un nuevo deslinde por parte de Costas contenido en una sentencia del propio Tribunal Supremo y en un dictamen de la Consejería de Medio Ambiente que considera legalizable la parte del edificio que la Audiencia Provincial sentenció a que fuera demolida.

Así, el recurso presentado por Hernández señala que “después de la sentencia se ha remitido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la Consejería de Medio Ambiente informe (…) en el que se considera que la parte del edificio que ocupa la servidumbre de protección, competencia del Gobierno de Canarias, es legalizable, y que esta servidumbre no forma parte del dominio público…” . El otro argumento del recurso era que “…la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2014 (…), dictada con posterioridad a la celebración del juicio oral, que aprobó el deslinde de Costas, ha declarado ajustado a derecho el deslinde que establece que las obras realizadas en ejecución del proyecto ejecutivo de ordenación de la playa de las Teresitas, están fuera del dominio público marítimo terrestre, como se recoge en el citado informe de la Consejería de Medio Ambiente”.

Ahora, el Supremo recuerda que para la dimisión de un recurso de revisión los argumentos del mismo deben ser novedosos y que prueben con claridad la inocencia del condenado, lo que a juicio de los magistrados no ocurre en este caso.

El TS considera con respecto a la certificación de la Consejería de Medio Ambiente en la que se considera que la parte del edificio que ocupa la servidumbre de protección es legalizable y que esta servidumbre no forma parte del dominio público “no puede prevalecer en modo alguno sobre los razonamientos jurídicos de las sentencias”.

A este respecto, el TS recuerda que “las sentencias [la del juzgado de lo Penal y la de la Audiencia Provincial] consideraron que la construcción y edificación de aparcamientos y locales comerciales en zona de protección de servidumbre marítima constituía una edificación no autorizable en suelo no urbanizable. Ello no puede en modo alguno desvirtuarlo una simple certificación administrativa”.

Por lo que respecta a la sentencia del propio Supremo, se considera que “…la declaración de un determinado hecho como probado en un proceso civil no otorga la posibilidad de concederle esa misma consideración en un proceso penal, porque la cualidad de hecho probado en el proceso penal sólo puede devenir de las pruebas practicadas en el mismo”.

Plasencia, Ariz, otros dos exediles (Manuel Parejo y José Domínguez) y otros dos funcionarias (Candelaria Benítez y Epifanio Gómez) han sido condenados a penas de cárcel y/o inhabilitación por este caso. Una séptima acusada, la exedil Luz Reverón, resultó absuelta.

Esta decisión del alto tribunal da por cerrada esta vía en el caso Mamotreto, ya que el recurso de Plasencia y Ariz es el único presentado ante el Supremo.

Por contra, otros dos recursos contra la decisión de los tribunales tinerfeños siguen su curso en el Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si admitirlos a trámite o no. Ayer mismo se adjudicó a sala el presentado por el abogado tinerfeño Alfonso Delgado en representación de Candelaria Benítez.