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UGT cobraba en sus propias cuentas las subvenciones para formación

   

Imagen de archivo de las protestas de un grupo de trabajadores afectados por la quiebra. / DA

Imagen de archivo de las protestas de un grupo de trabajadores afectados por la quiebra. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La querella presentada por un grupo de profesores de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan), una plataforma de servicios sociales creada en 1996 por UGT Canarias, desvela que las millonarias subvenciones del Servicio Canario de Empleo para dicha fundación se cobraban directamente en las cuentas del propio sindicato, que luego restaba algunas cantidades a cuenta de unos supuestos servicios cuya veracidad se investigan ahora en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, en dicha querella se explican otras prácticas que ayudan a comprender cómo es posible que Fundescan, en apenas 14 años de existencia (quebró en 2010), pudo acumular más de 17 millones de euros, tal y como entienden los administradores concursales de la Fundación en dato que desveló la edición de ayer de DIARIO DE AVISOS.

Entre dichas prácticas se incluye el hecho de que varios antiguos altos cargos del sindicato cobraron durante años y años como asesores de Fundescan, destacando el hecho de que uno de ellos fuera el exsecretario general Carlos Ucha, cuyo contrato (al que ha tenido acceso este periódico) le reportaba poco más de 2.000 euros netos al mes.

También llama la atención el hecho de que varias auditorías desvelaron en 2007 y 2008 el auténtico caos de tesorería existente en la fundación, sin que autoridad alguna tomara las medidas oportunas hasta que finalmente se produjo la quiebra en 2010. A pesar de dichas auditorías, en la querella se acusa a UGT Canarias de seguir contratando cursos para Fundescan, que recibió más de dos millones y medio de subvención pública a pesar de que ya pesaba un embargo cautelar sobre las cuentas de la fundación.

Otra circunstancia fielmente reflejada en la querella es el hecho de que fuera la propia UGT quien alquilase inmuebles de su propiedad como sedes de Fundescan, lo que a la hora de fijar los precios de los mismos sin duda pudo dar un margen que beneficiara al sindicato.

Contratiempo

Por lo que respecta a los ingresos de las subvenciones en las cuentas de UGT, supone un serio revés para la estrategia del sindicato de desligar sus cuentas de las de Fundescan para no tener que responder como responsable civil subsidiario en la colosal batalla jurídica que se dirime en la actualidad en varias jurisdicciones. Al respecto cabe recordar que, además de esta querella penal, los trabajadores acudieron a los juzgados de lo Social (los de Santa Cruz de Tenerife les han dado la razón y los de Las Palmas de Gran Canaria no) y luego está la quiebra que se sustancia en lo mercantil, gracias a la cual se sabe ahora a cuánto asciende el agujero patrimonial.

Según la querella, admitida a trámite en 2012 y que tiene imputados por supuesta apropiación indebida a 15 exaltos cargos de UGT, entre ellos tres exsecretarios generales, UGT Canarias se presentaba como titular de la subvención a pesar de que era Fundescan la que ofrecía los servicios (en realidad, se creó a tal fin). Además, la fundación era, según los querellantes, la que llevaba a cabo la contratación de los profesores, realizaba todos los gastos de las actividades formativas y contrataba tanto su justificación como su evaluación.
Sobre por qué UGT Canarias operaba de esta manera, bien puede encontrar su explicación en que el sindicato se quedaba con diversas cantidades de lo ingresado, en una operación que ahora se dirime si era o no fraudulenta.

Balances muy negativos

También figuran como documentos adjuntados a la querella, cuya dirección jurídica es obra el reconocido abogado tinerfeño José Luis González, los informes de auditoría realizados a Fundescan en 2007 y 2008. Las conclusiones son muy negativas para la fundación, al punto que se destaca el incumplimiento más o menos habitual de la legislación mercantil o el hecho de que no conste la contabilidad de algunos ejercicios, o que en otros no cuadren con los declarados ante la Agencia Tributaria.

En cuanto a los alquileres, cabe resaltar que la sede principal de Fundescan la compró primero UGT y luego la alquiló a la fundación por una renta de una cuantía notable.

El sindicato no podrá hacer frente a los más de 17 millones de deuda

“Es una cantidad descomunal; veo muy difícil que podamos pagarla si finalmente se entiende que el sindicato y los patronos deben responder por esta deuda”. Así de claro se pronunciaba ayer ante los micrófonos de Teide Radio el actual secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, al ser cuestionado por los más de 17 millones de euros que debe Fundescan, la fundación creada por el referido sindicato en 1996 y que quebró 14 años después.
Santana, que recordó en el programa de Manolo Artiles Despierta Tenerife que es ajeno a lo sucedido en la fundación dado que llegó a su cargo actual en 2011, reconocía así la imposibilidad financiera del sindicato para hacer frente a cantidades tan elevadas, a la par que reconoció que UGT Canarias ya ha tenido que hacer frente a varios pagos al ser condenado por los juzgados de lo Social en la provincia tinerfeña. El dirigente sindical, que insistió en que esos 17 millones suponen una deuda “impagable”, reconoció que “desde que llegamos al sindicato no hemos hecho otra cosa más que pagar deudas”, lo que no dudó en achacar a “la mala gestión que se llevó a cabo en Fundescan”.

Santana, que rehusó valorar la instrucción que se practica en un juzgado de Gran Canaria por supuesta apropiación indebida contra 15 antiguos altos cargos del sindicato y de la fundación, sí que mostró su malestar por lo que entiende “extraño proceso”, en referencia a lo acaecido en la jurisdicción mercantil. A ese respecto, el sindicalista hizo alusión a los cambios acaecidos entre los administradores concursales e incluso a discrepancias entre ellos. Incluso censuró el hecho de que no se considere responsable al que fue gerente de Fundescan pero sí a los patronos, que aseguró eran cargos honoríficos sin retribución.
Por último, Santana expresó que desde una perspectiva personal este conflicto debe desembocar en algún tipo de acuerdo ya que, insiste, las cantidades no son asumibles por las arcas del sindicato.