T. F. | Santa Cruz de Tenerife
Las víctimas del llamado caso Piedra de Cochinos, que trata sobre la muerte de seis jóvenes y veintitrés heridos en una galería del mismo nombre ubicada en el término municipal de Los Silos, mostraron el pasado viernes su descontento con el nuevo archivo penal dictaminado en un juzgado del partido judicial de Icod de los Vinos.
Los motivos de queja expresados por los representantes de dichos afectados se centran en dos cuestiones: por un lado lamentan la inestabilidad laboral al frente de dicho juzgado, el de Instrucción Número 2, ya que la actual es la tercera magistrada que entiende del asunto, acaecido hace ya ocho años.
Por otra parte, y es aquí donde ponen realmente el acento, consideran que las novedades aportadas al proceso tienen la suficiente enjundia para revisar la decisión adoptada en su día en dicho juzgado y que refrendó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hace ahora seis años. La base de dicho archivo es la supuesta corresponsabilidad de los afectados, que supervivientes y familiares niegan.
Dado el tiempo transcurrido, es menester recordar que esta tragedia tuvo lugar en los días 10 y 11 de febrero de 2007, cuando 29 senderistas se vieron atrapados en una peligrosa galería de agua (una instalación industrial, entre las más de 1.100 de este tipo, y de donde sale el 80% del agua de consumo para la Isla) que no contaba ni con señalización ni con cierre alguno, al confundirla por error con un túnel por el que debían pasar.
Ya en 2001 había ocurrido un accidente en similares circunstancias y en la misma zona, donde cuatro jóvenes tuvieron que ser rescatados de una galería cercana.
Seis de los que entraron en Piedra de Cochinos perdieron la vida, y otros seis sufrieron heridas de gravedad, mientras que otras 17 personas también resultaron lastimadas por aquellos hechos.
En cuanto a esas novedades, uno de los afectados, Sergio Lourenso, explica a este periódico que “se han presentado indicios de dudas, más que razonables, sobre las circunstancias que rodean los hechos, basadas en nuevas pruebas objetivas y relevantes para la causa, que creemos merecen ser investigadas y no despreciadas por la juez, y que justifican la continuación de la instrucción y la práctica de nuevas diligencias, más de 40 solicitadas, y que incluyen: una pericial médico forense, dos inspecciones oculares, solicitud de nueva documentación a propietarios y administración, y varias declaraciones en calidad de testigos e imputados”.
Sin embargo, la jueza rechaza la reapertura del caso en un auto dictado tres días después de la solicitud, y que ahora ha sido a su vez recurrido por las víctimas. En el auto aludido, la jueza considera que no se trata de nuevas pruebas o que no tienen relevancia penal.
Para Lourenso, “este último auto podría vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva, dejando indefensos a quienes sólo pretendemos la búsqueda de la verdad objetiva y una reparación adecuada. Que se identifique a los responsables, y una pena más allá de la mera indemnización, que no hace justicia y que dejaría un enorme poso de impunidad”.