Los diputados y senadores que tomen asiento en las Cortes en la próxima legislatura tienen una asignatura pendiente que abordar de inmediato: acabar con el aforamiento de varios miles de ciudadanos y ciudadanas de este país que, por el mero motivo de ocupar altos cargos públicos, tienen derecho al privilegio de ser encausados judicialmente de manera que no puede admitirse por más tiempo. No diré ni esta boca es mía sobre el caso de Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia. El tema tiene un alcance tan particular que un servidor no opinará ni pío hasta que la Justicia se pronuncie. En cualquier sentido: sobreseyendo el caso por falta de motivos, o continuando con el procedimiento porque así se determine allí dónde tenga que hacerse. Lo que sí digo, con la máxima energía, es que el aforamiento (de cuya generalización no soy partidario) sólo debe servir para encausar a personalidades en razón de las responsabilidades inherentes a su cargo. Y nada más. Desde el jefe del Estado hasta el empleado público de menor jerarquía que esté aforado, el aforamiento sólo debe referirse a los asuntos que tengan que ver con su ámbito laboral. Para nada debe afectar a las relaciones particulares de la personalidad aforada con su entorno familiar. Si el señor López Aguilar o el mismísimo rey Felipe VI se ven inmersos en una cuestión supuesta e hipotéticamente delictiva, que no tenga que ver con los cargos que ostentan, entonces deben ser los tribunales ordinarios los que se ocupen del caso, como ya lo hacen con cualquier hijo de vecino. Lo que no puede ocurrir, de ninguna de las maneras, es que un político aforado (según la legislación vigente) se salga de madres en ámbitos que no tienen que ver con su cargo, y que, sin embargo, se beneficie del privilegio de que le encause el Tribunal Supremo, instancia judicial máxima, fuera del alcance del común de los mortales, que además tiene que disponer de un suplicatorio previo para poder meter al personaje en cintura. Esto es jugar sucio, pervertir la democracia y asignar privilegios fuera de lugar en una sociedad libre a aquellos no lo merecen en absoluto, es decir, lo más mínimo. Por tanto, aforados para lo que se tercie, no. Cheque en blanco y carta de naturaleza para cualquier conducta, de ninguna de las maneras.

Comprendo que el aforamiento se extienda a un número muy limitado de personalidades. El rey, el jefe del Gobierno, los presidentes de las dos cámaras, el del Supremo, el Constitucional, los presidentes autonómicos y de las cámaras regionales y nadie más. Y sólo mientras estén en el cargo y unos meses más… Pero luego se terminó. Para que quien la haga, la pague…Ahora bien: mezclar la gimnasia con la magnesia, pues no. El exministro de Justicia ha iniciado un proceso de renuncias para no complicar a su partido. Bien. Pero resulta insuficiente. Tiene que dar un paso más. Tendría que hacer algo para que su caso se iguale por abajo. No me sirve que se parapete como eurodiputado (¿no adscrito se dice?) detrás de un estatus que le sitúa en una superioridad procesal evidente (aunque provisional) respecto de quienes le acusan.

De quienes sí que espero que dimitan es de los señores Chaves y Griñán, que se escudan diciendo que no sabían nada de los escándalos de los ERE de Andalucía. También la infanta Cristina asegura que firmaba lo que le ponían delante sin saber de qué iba la cosa… ¡Ja!
Yo voy con frecuencia al norte y sé, perfectamente, cuándo lo hago por la autopista… Y cuando por la carretera…
Amigos lectores: ¡tengan un feliz domingo..!