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El asunto Rato – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Calificar la detención -retención- de Rodrigo Rato como un escándalo económico financiero no es decir mucho, porque este país se desayuna cada día con escándalos similares protagonizados por miembros o ex miembros de nuestra clase política. Sufrimos una clase política particularmente corrupta, reflejo y representación de la corrupta sociedad española, aunque, naturalmente, muchos políticos, al igual que muchos ciudadanos, son personas honestas y hasta probas. Como hemos repetido muchas veces, nuestra corrupción política está ligada a la financiación de partidos y sindicatos, y si los partidos y sindicatos quisieran se terminaba en veinticuatro horas. Pero, ¿qué vamos a esperar de gente que, con las coartadas más peregrinas, lleva imputados, e incluso acusados, en sus listas electorales? Estos días se suceden las noticias, las vociferantes y sectarias tertulias televisivas y los análisis sobre Rato. Sin embargo, como suele suceder en muchas ocasiones, las opiniones se pierden en los detalles y no están prestando la debida atención a unos cuantos aspectos del asunto, que son los realmente importantes y hasta decisivos.

El primero y más relevante de estos aspectos no se refiere a las irregularidades o ilegalidades de contenido fiscal que hayan podido cometer Rato y su familia en estos últimos años. En definitiva, como se ha esgrimido desde el Ejecutivo, tales irregularidades o ilegalidades tendrían un carácter personal y privado, y no afectarían a los fondos públicos ni a su gestión pública. En este sentido, el antiguo vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda es uno de los 30.000 contribuyentes españoles que se han acogido a la amnistía fiscal y una de las 715 personas de especial relevancia investigadas al respecto, cuya lista el Gobierno mantiene en secreto. El verdadero problema son los fuertes indicios y la intensa presunción de que también existen irregularidades o ilegalidades de contenido fiscal cometidas en los años en que desempeñó responsabilidades públicas, con independencia de que legalmente hayan prescrito o no. Porque esas responsabilidades públicas tenían un contenido predominante hacendístico y fiscal, e incluían su autoridad sobre la Agencia Tributaria. Como se suele decir, el lobo guardaba a las ovejas. Estos indicios y esta presunción afectan y comprometen al Partido Popular, aunque Rato haya causado baja en el partido.

En conexión con el aspecto anterior se encuentra su condición de antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional, cargo desempeñado después de su paso por el Gobierno español. Y al señalar esta circunstancia se impone destacar que el Fondo, la institución más importante de Bretton Woods,no ha tenido suerte con algunos de sus dirigentes. Ahí está el caso de Dominique Strauss-Kahn, aunque de naturaleza muy diferente al de Rodrigo Rato. El segundo de los aspectos a los que nos referíamos al principio tiene que ver con la detención -retención- del antiguo vicepresidente y el registro de su domicilio y su oficina. Es lo que se ha denominado la pena de Telediario, que no figura en el Código Penal pero que en España los poderes públicos aplican con discrecionalidad según quien sea el presunto delincuente. Se avisa previamente a los medios de comunicación, y ante un impresionante despliegue informativo se le detiene y se le somete a un trato vejatorio (con empujones y mano en la cabeza incluidos, perfectamente evitables porque no iba esposado). Y después, a las pocas horas, como en el soneto cervantino, fuese y no hubo nada: se le pone en libertad con cargos y a otra cosa. La coartada que se esgrime para justificar estos hechos es el riesgo de destrucción de pruebas. ¿Y este riesgo no existía en el caso de otros imputados famosos como Urdangarin y la Infanta, protegidos a ultranza para hurtarlos a la visión pública?La cuestión es que la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado, el Fiscal General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción reciben instrucciones del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, en lo que constituye una grave interferencia -una más- del poder político sobre el judicial y sobre organismos públicos no políticos, tan habitual en España. Es falso que lo sucedido pruebe la independencia de la Agencia Tributaria. Todo el espectáculo de la detención de Rato ha sido organizado para dar una imagen de ejemplaridad gubernamental que frene la previsible sangría electoral que anuncian las encuestas. Y en cuanto a la independencia de la Agencia Tributaria, baste recordar el increíble caso del DNI de la Infanta y las compraventas de 13 inmuebles y fincas rústicas, cuyas principales preguntas siguen sin ser contestadas, y que originó la dimisión forzada de su directora, Beatriz Viana, antigua y estrecha colaboradora del ministro, y que la cúpula directiva de la Agencia fuese laminada. Todo muy independiente, como se puede comprobar.

El asunto Rato es uno más de los muchos asuntos similares que hemos sufrido y que sufriremos en el futuro los españoles. La calidad de nuestra frágil democracia se degrada por momentos; y no se vislumbra mucha luz al final del túnel. Sin ir muy lejos, más de un Rato y más de dos irán en las futuras listas electorales. Y más de un ciudadano y más de dos les votarán. La clase política y la sociedad suelen ir de la mano.