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Banco Madrid: cuando lo que quiebra es el sistema

Carlos Gómez y Francisco Concepción. / DA
Carlos Gómez y Francisco Concepción. / DA
TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“Sí. No resulta exagerado hablar de quiebra del sistema cuando se produce una quiebra de la confianza en nuestras instituciones a cuenta de la sorprendente y fulminante decisión de liquidar Banco Madrid, al menos con la escasísima información de la que disponemos hasta el momento”. A pesar de la gravedad de sus palabras, Francisco Concepción las pronuncia sin estridencia, con ese aplomo propio de quien sabe de lo que habla. No en balde es, a pesar de su juventud, el primer canario con licencia EAFI (asesor financiero y de inversión) reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Y, ciertamente, es muy crítico con lo acaecido con la filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Los argumentos de Concepción son, ciertamente, de peso: “Por primera vez hemos asistido en España al cierre de las sucursales y a la paralización de las operaciones de una entidad financiera, medidas drásticas que no se adoptaron en otros casos con pérdidas incluso mil millonarias. Pero ahora se lleva a cabo con una firma que, hace apenas unos meses, las autoridades supervisoras españolas catalogaban entre las más solventes del país. Incluso, en el último Informe de la Asociación Española de Banca los activos son superiores al pasivo de Banca Madrid”.

Como Concepción, son muchos los integrantes de la comunidad financiera que siguen sin salir de su asombro no sólo por lo sucedido, sino por lo rápido del proceso. “Se ha pasado de intervenir un banco español a un concurso voluntario de acreedores con fines extintivos en apenas tres días. Esperemos que el regulador y los supervisores acaben ofreciendo las explicaciones necesarias para justificarlo”.

Todo arrancó el pasado 10 de marzo, cuando la matriz del Banco Madrid, el BPA, fue acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar presuntamente involucrada en operaciones “internacionales de lavado de dinero” que beneficiaron a organizaciones delictivas rusas. Las autoridades estadounidenses también acusaron a ese banco de tramitar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, que incluían la creación de empresas pantalla para canalizar fondos desde el gigante del sector en el país hermano, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Justo el día anterior, el presidente de EE. UU., Barack Obama, había declarado la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria a la seguridad nacional americana y acusado al país que preside Nicolás Maduro de “flujos financieros ilícitos de la corrupción pública”. Con posterioridad, la directora de la Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen, oficina del Tesoro), Jennifer Shasky Calvery, cifró en unos 2.000 millones de dólares el dinero blanqueado por la BPA para los magnates venezolanos.

De inmediato, las autoridades andorranas intervinieron la BPA, y en unas horas ocurría lo mismo con su filial española, Banco Madrid. Dos días después, el Banco de España ya había nombrado administradores concursales a través de un brevísimo comunicado, cuando lo normal hubiera sido que, dadas las condiciones de la entidad, el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) hubiese actuado como, por ejemplo, el Banco Valencia, entidad rescatada a pesar de no ser sistémica de nuestro sistema financiero, término utilizado como única justificación para cerrar el Banco Madrid. De ahí al concurso extintivo… y al asombro y preocupación de muchos que lamentan cómo se ha gestionado esta cesta de buenas manzanas, tiradas por la borda en vez separar las pocas que estuviesen agusanadas (existiendo procedimientos para ello sin necesidad de llevarse el banco por delante).

El impacto canario
El Banco Madrid tiene presencia en las Islas más allá de sus dos sucursales, una por provincia. Se estima en unos 3.500 los inversores que confiaron en la entidad. Si bien los más conocidos, aquellos que cuentan con fondos de inversión y similares, no tendrán problemas al ser patrimonios separados del balance del banco, otra cosa son los dineros de las cuentas corrientes. “Me temo que habrán denuncias”, explica el abogado tinerfeño y especialista en temas bancarios Carlos Gómez, para quien “lo primero es seguir los pasos para que se reconozca el crédito en el concurso [ver apunte] y luego vendrá el tiempo para reclamar posibles perjuicios”.

HOJA DE RUTA PARA EL AHORRADOR

-Reunión de la documentación original que acredita la existencia del crédito que se va a reclamar.

-Comunicación del crédito a los liquidadores designados por el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid.

La comunicación del crédito se puede realizar de manera telemática o por escrito, mediante la entrega de una copia de la documentación en las oficinas de los liquidadores.

Se deben conservar los originales que pueden ser requeridos en cualquier momento por los liquidadores.

Además de comunicar el crédito a los liquidadores, cualquier acreedor puede personarse en el procedimiento de liquidación ante el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid con abogado y procurador, a fin de realizar un seguimiento más cercano al devenir de la liquidación.

Esta personación no resulta obligatoria, debiendo los liquidadores, tras aceptar su cargo, remitir carta a todos los acreedores a fin de que comuniquen su crédito. Igualmente, tras la comunicación telemática o por escrito del crédito, los liquidadores deben remitir vía mail a todos los que hayan comunicado el crédito, el listado de acreedores a fin de que puedan comprobar que su crédito se encuentra correctamente reconocido y calificado.

Tras dicha remisión del listado de acreedores, los liquidadores se encuentran eximidos de realizar cualquier otra comunicación, a excepción de la comunicación del pago del crédito del acreedor, si procede.

-Todo acreedor que no tenga reconocido su crédito de forma correcta en cuantía y calificación deberá en el plazo legal impugnar el listado de acreedores.

-En caso de correcto reconocimiento del crédito, los acreedores deberán permanecer a la espera de que por los liquidadores se lleven a cabo el plan de liquidación aprobado por el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid, para que con su realización se proceda al abono de los créditos de los acreedores en la cuantía y orden que proceda.