El presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, ha propuesto la firma de un acuerdo preelectoral a los partidos que aspiran a estar presentes en la corporación en los comicios del 24 de mayo. Se trata de adoptar el compromiso conjunto de luchar en todos los frentes políticos para que el cierre del anillo insular sea considerado como obra de interés general por parte del Ministerio de Fomento. Ello equivaldría a la inclusión de la vía en la Red de Carreteras del Estado, complementando así el interés territorial y el de los propios ciudadanos como criterio orientador de la futura actuación de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias. No se trata de una cuestión menor, ya que con ella el Gobierno del Estado se comprometería a atender las necesidades económicas para completar y mantener esta vía como si fuera propia. Por precipitación y falta de cintura negociadora, la realidad es que Canarias asumió el traspaso de las competencias sobre carreteras en condiciones de inaceptable inferioridad y con muy mala dotación económica, lo que constituye un lastre de difícil arreglo. Así las cosas, su deterioro, al menos en Tenerife, es cada día más notorio, por los altos costos de mantenimiento y conservación. El presupuesto del Cabildo, lo mismo que antes el del Ejecutivo autonómico, no alcanza para satisfacer las necesidades de estas vías, pero tampoco la gestión política ha sido la adecuada, aunque el consejero insular de carreteras, José Luis Delgado, achaque todos los males a la “inadecuada distribución de recursos” efectuada desde el propio Cabildo. Así las cosas, no cabe duda de que la obra pública más necesaria y urgente en esta isla tinerfeña es el cierre del anillo insular. Se ha convertido en un clamor popular y recogiendo ese sentimiento el Cabildo sugiere, mediante convenio con el Gobierno del Estado, la prefinanciación de la misma -como en los viejos tiempos, cuando la corporación insular adelantó dinero para acometer cuanto antes las obras de la autopista y el aeropuerto del sur-, para que los trabajos se inicien lo antes posible, ya que su duración estimada es de al menos tres años, con un presupuesto superior a los 400 millones de euros. Vale la pena respaldar la iniciativa de Alonso porque beneficia a todos los tinerfeños.