D. N. M. |Santa Cruz de Tenerife
La última sesión plenaria de la octava legislatura del Parlamento de Canarias no va ser un recreo para que sus señorías se despidan. Habrá tiempo para eso, pero el orden del día de la convocatoria del 14 de abril será algo más que un mero trámite. Entre los asuntos pendientes, los grupos aceleran la maquinaria para elegir al comisionado de Transparencia y Acceso a la Información. Esta figura está concebida como una “autoridad independiente” designada entre “personas de reconocido prestigio y competencia profesional”. La flamante normativa le encomienda el “fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad Autónoma”. Al comisionado se le atribuye la facultad de controlar el cumplimiento de la obligación de difundir la información requerida a los organismos y entidades sujetos a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre. Además, resolverá las pertinentes reclamaciones y solicitará los datos que considere oportunos en el ejercicio de su cometido. El titular deberá entregará un informe anual.
El comisionado será designado por una mayoría de las tres quintas partes de la Cámara autonómica por un periodo de cinco años no renovable. El nombramiento se hará por decreto del presidente del Gobierno regional. Este cargo es incompatible “con todo mandato representativo, actividad de propaganda política, la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública y con la afiliación a un partido político o a un sindicato”. Podría ser destituido por “incumplimiento grave” de sus obligaciones.
Primera reunión nacional
Pionera en la regulación del derecho de acceso a los documentos fue Suecia, en el marco de la ley de prensa de 1766. La Unión Europea aprobó en 2001 un reglamento extensible tanto a las instituciones comunitarias como a las agencias instrumentales que se han ido constituyendo. En España rige la ley 19/2013, de 20 de diciembre, como soporte básico de las que han surgido en las comunidades autónomas. De las 17, 15 cuentan con normativas en vigor o en fase de proyecto. En Canarias se aplica desde el 10 de enero. El órgano de coordinación se llama Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que celebró su primera reunión el 26 de marzo en Madrid. A la cita asistió Teófilo González, director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud del Ejecutivo canario. Sobre la mesa se puso un borrador del plan estratégico 2015-16, una de cuyas líneas de actuación es alentar la “sensibilización social”. En este foro se adoptarán criterios uniformes de interpretación.
González inauguró en la víspera un congreso internacional organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.