tenerife >

El deslinde de Costas justifica un nuevo recurso ante el Supremo

N. Torres / T. Fumero | Santa Cruz de Tenerife

Dos de los condenados por el llamado caso Mamotreto, que versa sobre la construcción ilegal de un edificio ubicado a la entrada de la santacrucera playa de Las Teresitas, presentarán en breve un nuevo recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.

Se trata del exconcejal capitalino Norberto Plasencia y de la funcionaria Loreto Ariz, cuya representación legal, que dirige el exfiscal general del Estado y exmagistrado Eligio Hernández, ya recurrió al alto tribunal por esta causa sin éxito al objeto, tanto entonces como ahora, de paralizar la ejecución de una sentencia que incluye penas de prisión e inhabilitación para cargo y empleo público para ellos y otros cuatro condenados.

La información novedosa y trascendente (requisitos imprescindibles para presentar un recurso de revisión ante el Supremo, que no limita el número de los mismos pero sí que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la sentencia), versa sobre el cambio en el actual deslinde marítimo-terrestre en el litoral de Las Teresitas que comunicó la Dirección General de Costas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de febrero, y en el que se reduce el mismo desde los 400 metros a 50. Hernández argumenta que tal cambio es trascendental para la causa, ya que afecta directamente al tipo penal en el que se basa la condena.

Según explicó en su momento el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Cruz, el socialista José Ángel Martín, el error detectado se centraba en que uno de los vértices del deslinde en la zona, el M336, no coincidía con el vértice del tramo adyacente, lo que para los técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz significa que entonces el mamotreto solo invadiría unos 50 metros de la zona de dominio público y no los más de 400 que se supone que ocupa según el deslinde de 2009.

El rechazo

Con respecto al primer recurso que Hernández presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), fue rechazado por el alto tribunal alegando que ninguno de los dos documentos presentados por el abogado cambiaba un ápice la corrección del fallo. Concretamente hacía referencia a la intención de que se tuviera en cuenta que, con posterioridad a la sentencia, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma había emitido una certificación que considera que la parte del edificio que ocupa la servidumbre de protección (de Costas), competencia del Gobierno de Canarias, es legalizable. El Supremo certificó entonces que una Consejería “no puede prevalecer en modo alguno sobre los razonamientos jurídicos de las sentencias” de los Juzgados de lo Penal de Tenerife y de la Audiencia Provincial.