Es momento de defender con rotundidad la importancia de la existencia de un servicio público de empleo en nuestra Comunidad, del valor del Servicio Canario de Empleo para conseguir un Empleo para Todos. En la época de bonanza, cuando el desempleo no era nuestra principal preocupación, no se cuestionaba su existencia. Es paradójico que se haya puesto en entredicho cuando más falta ha hecho: cuando la cifra de desempleados/as ha rozado los trescientos mil según el paro registrado, y las cuatrocientas mil personas según la EPA. Producto de la crisis financiera internacional y de la crisis económica española, esas cifras se han querido perversamente justificar por la derecha española como fruto del propio servicio de atención al desempleado. Como si prestar servicios a las personas que buscan empleo las hiciera reproducirse y multiplicarse. Como si privarles de fondos y de servicios las fuera a hacer desaparecer o las hiciera invisibles. Curiosamente, cuantos más desempleados hay mayor sería la cifra de negocio en una posible privatización de los servicios de empleo, por lo que mayor el interés de unos pocos en desacreditar lo público en esta materia. A esos intereses hay que decir claramente que “no”. Que el trabajo por el Empleo beneficia al interés general y debe ser apoyado desde lo público. Que la gestión pública de la atención a las personas en búsqueda activa de empleo puede ser eficiente: concretamente, que la gestión del Servicio Canario de Empleo ha sido eficiente y beneficiosa para nuestra Comunidad. Es más, es necesario un esfuerzo público continuo, amplio y en un marco de certidumbre para desarrollar medidas más efectivas para el impulso del empleo, dirigidas a aumentar la formación y capacitación de trabajadoras y trabajadores y de empresarias y empresarios. Si la actividad económica se reactivara, las empresas echarían mano de los mejor preparados, condenando al desempleo eterno a los que no se beneficien de un servicio público de empleo. Para mí, las personas que actualmente en Canarias están en búsqueda activa de empleo constituyen un gran activo de nuestra economía, pues le otorgan un gran potencial de crecimiento. Los Servicios Autonómicos de Empleo se dedican a la ejecución de políticas activas de empleo, esto es, de las medidas (orientación, formación y entrenamiento laboral fundamentalmente), dirigidas a aumentar el valor del trabajador/a, su empleabilidad, y con ello la probabilidad de que encuentre un trabajo y un salario mayor. Desde el punto de vista más extremadamente liberal, se argumentaría que el ciudadano, si el servicio que va a recibir le reporta un valor, estaría dispuesto a pagar por ese servicio (a una empresa privada), porque ello le sería una inversión rentable, al permitirle obtener mayores ganancias en el futuro. Este argumento cae por su propio peso si tenemos en cuenta el colectivo al que se dirigen las políticas activas de empleo: a personas desempleadas, sin recursos a veces para cubrir sus necesidades básicas. ¿Cómo pretender que paguen por recibir formación y otros servicios que aumenten su empleabilidad? Siguiendo en una línea argumental de lo más, diríamos, científico-economicista, es claramente reconocido como un fallo del mercado la existencia de externalidades positivas o negativas en la producción de un bien o servicio. Y en el ámbito de los servicios de empleo, las externalidades positivas son evidentes: el que un trabajador/a o empresario/a sea más productivo no sólo produce beneficios para sí sino para nuestra sociedad en su conjunto. El servicio de Orientación supone asesorar a una persona para su desarrollo profesional, para lo que le viene bien desde el punto de vista laboral, teniendo en cuenta sus habilidades e intereses y un período temporal que abarque su vida profesional. Desde un servicio público se puede atender más óptimamente esa visión de desarrollo profesional a largo plazo, o sea, de carrera profesional. Un servicio privado de orientación se centrará en un cobro por hora de servicio prestado y/o por inserción laboral a corto plazo; imposible resulta desde lo privado asegurar la deseada visión de amplio recorrido que merece la persona en búsqueda de empleo. Por otro lado, un organismo público es el que provee de un orientador estable, de una persona de referencia que se mantiene en el tiempo, que en alta probabilidad seguirá ahí cuando el trabajador vuelva a requerir sus servicios dentro de uno, dos, cuatro o diez años, pongamos por caso. El propio ente público es estable, frente a empresas privadas de alta volatilidad. Por la estabilidad del Organismo y de sus empleados y empleadas ha trabajado el actual equipo directivo del SCE. Respecto a la formación, argumentos aplicables a la Educación en general son igualmente alegables aquí. El aumento de la cualificación profesional beneficia a la sociedad en su conjunto, y es óptima la aplicación eficiente de fondos públicos para la formación para el empleo. Nuestra apuesta fundamental aquí ha sido la de primar los cursos con un mayor nivel de éxito vinculado a una posterior inserción laboral, de forma que los fondos se han destinado en su mayoría a aquellos que han tenido en los dos años anteriores una contratación superior al cuarenta por ciento. El entrenamiento laboral, mediante contratos de trabajo temporales, o bien combinados con tiempo de formación, es algo que sólo puede proveerse públicamente. Sea mediante la contratación con cargo a fondos públicos directamente, sea mediante bonificaciones, a los contratos de formación y aprendizaje. Basta ya de desprestigiar con burdos alegatos de ineficiencia los contratos realizados por los ayuntamientos y otras corporaciones públicas. No son económicamente desaconsejables en su formulación teórica, todo lo contrario, ni lo tienen por qué ser en la práctica. Los contratos que se dirigen a la realización de trabajos de utilidad pública son útiles ya por su objeto. Las remuneraciones que reciben los trabajadores, además, generan un efecto multiplicador en la economía, altamente fundamentado científicamente (el efecto multiplicador del gasto público), y algo apreciado por cualquier canario: todos sabemos que el salario que recibe uno de estos trabajadores no se va a desviar a Suiza o a las Islas Caimán, sino que se utilizará en comprar alimentos, vestimenta, material escolar y similares a comerciantes y proveedores canarios, que a su vez utilizarán esos ingresos en comprar a otros y otras, multiplicándose así el efecto multiplicador en nuestra economía. Sólo hay que cuidar que esos trabajos se asignen de forma objetiva a personas en búsqueda de empleo, y que se utilicen para realizar trabajos de verdadera utilidad. Desde el SCE hemos apostado también por la colaboración público-privada que puede darse en forma muy positiva en la prestación de servicios de Empleo. En el Servicio Canario de Empleo contamos con entidades colaboradoras, públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro. Nunca he tenido ningún miedo a plantear cómo es más eficaz y eficiente realizar determinada actuación, si directamente por el SCE o bien a través de determinado colaborador. Por último, un argumento de rentabilidad. El Servicio Canario de Empleo cuenta con numerosas entidades colaboradoras, en su mayoría privadas. Tanto para el servicio de orientación, como el de formación (centros o academias de formación), emprendimiento e intermediación. Conocemos sus costes y conocemos los costes de los servicios cuando se prestan directamente por el ente público. ¡Los servicios públicos resultan más baratos! Me gustaría acabar como empecé. Respecto a la eficiente gestión llevada a cabo por el Servicio Canario de Empleo en estos dos años que llevo como director del Organismo, se han presentado datos objetivos que ponen en el lugar que se merece a nuestro Servicio Público y los grandes profesionales que trabajan en él desde el compromiso por el servicio público. Datos que nos colocan, en eficacia y eficiencia, a la cabeza de los Servicios Públicos de Empleo de España.

*Director del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias