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La Fiscalía pide tres años de cárcel para Willy Jorge y el exgerente

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La instrucción del llamado caso Saida, que se sigue a cuenta del accidente que causó graves lesiones a una candidata a reina del Carnaval en la Gala santacrucera de 2013, ya cuenta con la primera calificación de los hechos acaecidos por parte de la Fiscalía. El escrito del Ministerio Público, que si bien tiene fecha del pasado día 18 se comunicó ayer a las partes, solicita hasta tres años de prisión para los dos acusados por un supuesto delito de lesiones por imprudencia grave: el diseñador Willy Jorge y el ahora exgerente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas Francisco Javier Trujillo.

En concreto son dos años por las lesiones de Saida y otro más por las de uno de sus diseñadores, Víctor Manuel Díaz, herido junto a otras cuatro personas en su afán por liberar a la joven de la trampa mortal en que se había convertido la fantasía que lucía.

La solicitud de pena privativa de libertad es la más alta de las efectuadas por las acusaciones, ya que el abogado de la principal afectada pide un total dos años y dos meses de prisión para Jorge y de dos años, un mes y un día para Trujillo. Por su parte, el representante legal de los dos diseñadores de Saida, el ya citado Díaz y la también herida Carolina Hernández, solicita para ambos un total de dos años y cuatro meses. Por último, la acción popular que ejerce IU (José Pérez Ventura) pide dos años y cinco meses más multa.

Indemnizaciones
Por lo que respecta a las indemnizaciones, la fiscal del caso estima que la compensación a la que debe hacer frente la aseguradora Mapfre (y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como responsable civil subsidiario) es de 300.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas más 1.000.000 de euros por los daños morales, gastos médicos aparte. Como ya adelantó este periódico, la defensa de Saida (que ejerce el letrado Juan José Rodríguez) solicita un total de 2.461.061,58.

Para Víctor Díaz, la fiscal pide una indemnización de 305.000 euros, por los 40.000 requeridos por su abogado. Para Carolina Hernández se pide 3.550 euros por los 16.000 solicitados por su abogado. En cuanto a los dos trabajadores heridos, la fiscal reclama 2.000 euros para Leopoldo Herrera y 300 para Juan Francisco Izquierdo. El quinto lesionado fue el propio Willy Jorge.

Los hechos
El relato de hechos probados es similar al de la representación de Saida, ya publicado por este periódico. Básicamente se acusa a Jorge de no respetar las normas de la Gala en cuanto al uso de los fuegos fríos, así como de hacer un uso indebido de los mismos. Por su parte, a Trujillo se le considera el máximo responsable de la Gala y se le achaca que no se requiera a Jorge una información que hubiera permitido evitar el fatal desenlace.

Por último cabe apuntar que se ha fijado una fianza de cuatro millones de euros a los acusados y a la compañía aseguradora Mapfre, mientras que la Fiscalía ha remitido un listado con 27 testigos con vistas a la celebración de la vista oral, sin que en dicha relación figure ninguno de los dos concejales que sí testificaron durante la instrucción: Fernando Ballesteros y la ya exedil Carmen Delia González.

La posibilidad de llegar a un acuerdo, más cerca tras una segunda reunión
La posibilidad de alcanzar una conciliación o acuerdo que satisfaga a todas las partes está un poco más cerca tras la celebración de una segunda reunión al efecto a instancias de la Fiscalía.

Hay que tener en cuenta que tanto la Audiencia Provincial, que preside el magistrado Joaquín Astos Landete, como la Fiscalía provincial, a cuyo mando se encuentra la fiscal Carmen Almendral, son dos firmes defensores de facilitar las conciliaciones como herramienta clave para optimizar los recursos de la Justicia y así hacerla más ágil.

Por lo que respecta a dicha reunión, se da por descontado que esa posibilidad de acuerdo implica penas privativas de libertad de dos años o menos (en realidad, toda sentencia que supere tal duración constituiría una gran sorpresa). Así que la llave pasa por el dinero. Al parecer, la aseguradora parece conforme con las cantidades que maneja la Fiscalía, lo que sin duda supone una excelente base de partida para negociar con el abogado de Saida.

Por contra, la indemnización pedida por el Ministerio Público para Víctor Manuel Díaz puede dificultar la conciliación, ya que la fiscal pide siete veces más que su propio abogado.

Para que finalmente se cierre la instrucción tiene que resolverse el recurso de la acción popular ante la Audiencia y presentar sus escritos los defensores.

Los grandes hitos
El accidente. Fue el 6 de febrero de 2013 cuando Saida Prieto, representando a DIARIO DE AVISOS y al Centro Comercial Parque Bulevar, estaba a punto de salir al escenario de la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval y su traje comenzó a arder tras dispararse el artefacto pirotécnico que portaba otra de las aspirantes. La rápida reacción de los diseñadores de la joven y la intervención de un bombero y de un técnico de sonido le salvaron la vida y evitaron que prendiera en una cortina superior. A los periodistas presentes se les dijo que sus heridas eran leves y el espectáculo continuó.

Crisis policial. Mientras tanto, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se hace cargo de la investigación, a pesar de tratarse de una competencia del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos especialistas acceden al lugar de los hechos 15 horas después del siniestro. La rampa en cuestión había sido hasta barrida, pero los municipales conservan el artefacto que no se disparó y lo entregan a los Tedax.

Rumbo a Sevilla. Apenas un día después y tras ser ingresada en estado muy grave en el Hospital Universitario de Canarias, Prieto voló hacia el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, donde quedó ingresada en su Unidad de Quemados. Tal y como es preceptivo en estos casos, hasta pasadas las primeras 48 horas, los doctores no informan de que está fuera de peligro.

Llegada y juzgado. El retorno de Saida a casa coincide con el avance de la instrucción judicial. Las declaraciones de testigos y de los dos imputados se prolongan durante casi un año.

Final de la instrucción. A la espera de lo que decida la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado por la acción popular que ejerce IU, todo apunta a que sólo habrá dos imputados, que difícilmente ingresarán en prisión ya que se prevén penas de dos años o menos para personas sin antecedentes al respecto. La conciliación siempre ha sido una opción factible para este proceso.