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El Grupo Socialista incorpora la “plantilla mínima” en los hoteles

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Aparte de las enmiendas conjuntas al proyecto de modificación de la ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que se votará el martes 21, los socialistas presentan por separado una propuesta por la que se habilita reglamentariamente para que regule la dotación mínima de personal en los establecimientos alojativos “en función de las categorías laborales y circunstancias” del hotel. El PSOE incorpora de esta manera una demanda sindical.

Por lo demás, los grupos nacionalista y socialista hacen suya la defensa que el Ejecutivo regional hace ante el Tribunal Constitucional de la “adecuación al marco jurídico” de los apartados recurridos por el Gobierno de la nación. Por una parte, se busca “solventar los motivos aducidos en la interposición del recurso” y, de otro lado, se amplía el tipo de establecimiento objeto de autorización: ya no se exige la categoría de cinco estrellas o superior. La nueva redacción del texto legislativo obliga a “cumplir unos estándares de calidad edificatoria y de servicio que garanticen el mínimo impacto ambiental”. También deben adoptarse, al año de la entrada en vigor de esta ley, unos requisitos de densidad, equipamiento e infraestructuras y de los servicios.

Desde la oposición, el PP enfoca sus correcciones en combatir la “arbitrariedad” disipar dudas sobre la seguridad jurídica. Básicamente, se centran en matizar la autorización administrativa, de modo que en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife sean los respectivos cabildos los que den el visto bueno a la implantación de nuevas plantas no derivadas del proceso de rehabilitación, previa concesión de las licencias urbanísticas. El permiso se sustentaría en la “especial fragilidad territorial y ecológica de estas islas”. en El Hierro, La Gomera y La Palma no sería necesaria la autorización previa “en ningún caso”.

Entre sus enmiendas, Nueva Canarias plantea una disposición adicional sobre la regularización y control de la oferta: “Parece increíble pero es tristemente cierto que una Comunidad Autónoma cuya principal actividad económica es el turismo desconozca el número de plazas irregulares y una estimación razonable de las ilegales”. Asimismo, pretende que los límites al crecimiento se definan por ley, no por decreto.