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Intervencionismo – Por Leopoldo Fernández

Vuelve el intervencionismo, si es que alguna vez se había ido. Algunos partidos tienen el innegable afán de controlarlo todo, dirigirlo todo, intermediar en todo, marcar las pautas de todo, como si el individuo y la sociedad no fueran capaces de organizarse por sí mismos, sin necesidad de tanto dirigismo desde las alturas del poder. Los gobiernos -el actual de Canarias entre nacionalistas y socialistas es un ejemplo- suelen empeñarse en ir más allá de lo razonable y no rectifican ni siquiera cuando sienten cerca la justa protesta empresarial. Ocurre, por ejemplo, con la Ley de Renovación Turística. El emprendedor, el empresario, quien se juega su inversión en un proyecto hotelero, tiene que aceptar condiciones inusuales en un país libre: cómo debe ser su hotel, qué características internas ha de reunir, a qué cláusulas administrativas debe atenerse, etc.

No basta un marco regulador que fije hasta dónde llega el control del territorio o el destino del suelo; el diosecillo político que todo lo regula y todo lo controla necesita que el empresario acepte también la intromisión pública puertas adentro del hotel. Ahora, el PSOE, con ese populismo arrojadizo que imprimen los nuevos tiempos y la competencia en la política, vuelve a la carga y propone -por boca de su portavoz parlamentaria en materia de Empleo- que en la revisión de la ley turística se contemple el establecimiento de plantillas suficientes en los hoteles que permitan la prestación de un servicio de calidad y unas condiciones de trabajo seguras. Lo que faltaba. De ahí a obligar al empresario a organizar el trabajo, fijar el número de empleados y su distribución por escalas o categorías según criterios ajenos a la propia empresa media una finísima línea de separación. De aceptarse una propuesta de este tenor, ¿dónde quedaría la libertad de empresa?, ¿dónde la libre capacidad del empresario para organizar el trabajo en función de sus necesidades e intereses? Una cosa es el obligado cumplimiento de las normas laborales y el deseable entendimiento, vía pacto, entre empresarios y trabajadores y otra el que, al amparo de apreciaciones personales o de criterios inaceptables en la economía de mercado, se proponga el entremetimiento oficial en las actividades propias de particulares y empresas.