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El juzgado, a favor del derribo total pero pasa la pelota al Consistorio

Estado actual del edificio que se encuentra a la entrada de la playa de Las Teresitas. | FRAN PALLERO
Estado actual del edificio que se encuentra a la entrada de la playa de Las Teresitas. | FRAN PALLERO

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El juzgado encargado de la ejecución de la sentencia sobre el derribo del edificio de aparcamientos a medio terminar que se alza a la entrada de Las Teresitas, conocido como el mamotreto, aclara al Ayuntamiento de Santa Cruz que, del fallo dictado por la Audiencia provincial el pasado noviembre se desprende que, “el pronunciamiento principal es la demolición de toda la edificación”, para a continuación especificar que debe ser el Consistorio “el que informe a este juzgado si actualmente existe nueva normativa territorial y urbanística que posibilite la legalización de la obra”.

De esta forma, el juzgado devuelve la pelota al Consistorio para que sea éste el que acredite, si quiere evitar el derribo total del edificio, la normativa en la que se ampararía esa supuesta legalización. Una respuesta la del juzgado que, no solo mantiene la puerta que la Audiencia abrió al señalar en su último fallo que, excepcionalmente, podía legalizarse el edificio si había planeamiento que lo justificara, sino que además refuerza al hablar de “nueva normativa territorial”, ya que en estos momentos la Dirección General de Costas está tramitando el nuevo deslinde del dominio marítimo-terrestre en la zona y que dejaría fuera de servidumbre pública la mayor parte del mamotreto.

Esta respuesta fue enviada por el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital, encargado de la ejecución de la sentencia, el pasado 6 de abril. La providencia a la que ha tenido acceso este periódico señala que, una vez visto el informe remitido por el Ayuntamiento el 28 de enero, debe poner en conocimiento de la Corporación local que, en primer lugar, y atendiendo a lo señalado en el fundamento jurídico sexto de la primera sentencia sobre el mamotreto (19 de febrero de 2014) se ordenaba “la demolición de todas las obras llevadas a cabo, en tanto que dicha construcción fue considera ilegal e ilegalizable”.

En segundo lugar, y ya en referencia al fallo de la Audiencia del 18 de noviembre de 2014, recuerda que, “se confirmó la obligación de demoler todo lo construido”. Como tercer punto de la comunicación y también en relación con esa segunda sentencia, señala la juez que, “excepcionalmente se permitió que en ejecución de sentencia pudiera dejarse sin efecto la demolición de la parte que no invade servidumbre de protección, en el caso de que se acreditara una modificación del planeamiento que haga innecesaria dicha demolición al posibilitar la legalización de la obra”. De esta forma, y en base a esos tres puntos, concluye la juez responsable de la ejecución de sentencia que: “el pronunciamiento principal es la demolición de toda edificación, debiendo ser el Ayuntamiento de Santa Cruz el que informe a este juzgado si actualmente existe nueva normativa territorial y urbanística que posibilite la legalización de la obra”.

El Consistorio había solicitado que fuera el juzgado el que dirimiera que parte del edificio era legalizable en función de los informes del Gobierno de Canarias y de la propia Dirección General de Costas a los que, según los técnicos de Urbanismo, no habían podido acceder. De esta forma el tribunal devuelve al Consistorio la decisión.