Tiene razón el consejero delegado de Ikea, Mikael Ohlsson, cuando dice que España tiene un problema de uniformidad de leyes y que hay tantas normativas como comunidades autónomas, lo que significa más burocracia y tiempo para rehacer proyectos. Somos uno de los países más lentos. En Estados Unidos o China, por ejemplo, abrir una tienda de la tipología de la multinacional sueca, tarda una media de dos a tres años. En España, si se cumple todo el papeleo, se puede llegar a los seis. Eso, si el proyecto no se topa con los ecologistas o las trifulcas políticas de turno. Lo ocurrido esta semana con el proyecto de la regasificadora de Tenerife es un ejemplo más de que, en Canarias, a los proyectos de inversión se les pone todo tipo de impedimentos. Tan pronto como el presidente de Enagás, Antonio Llardén, anunciaba el inicio de las obras de esta instalación para el segundo semestre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitía una sentencia por la cual suspendía la construcción de la planta en Granadilla debido a que falta un estudio de impacto ambiental. A grandes rasgos, lo que viene a decir el tribunal es que no le vale con hacer un estudio de los vertidos que tendría la planta de gas, sino que es preciso unir a este informe otros del resto de industrias que se instalen en el polígono. Algo que se hará con seguridad y que el tribunal aceptará, pero que retrasará, como mínimo, un año el inicio de la obra. La Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla se congratulaba el otro día por el auto del TSJM. Retrasar la puesta en marcha de 1.500 empleos, 300 millones de inversión y el desarrollo de un proyecto que hará que Canarias sea más competitiva, desde luego no es para congratularse. Porque seamos realistas, la planta se va a construir y lo único que ha conseguido este auto es retrasar un proyecto de inversión. Enagás está obligada a hacer esta planta y por eso la hará. Si se tratara de una iniciativa privada, como por ejemplo, la de Ikea, ya se hubiera ido a otro sitio. Por mucho que pongamos incentivos fiscales como la ZEC, si después no somos capaces de facilitar la entrada a grandes proyectos, este tipo de herramientas no servirán de nada. En este país de leyes y contraleyes lo que es necesario es simplificar la legislación para no tener que rehacerlo todo. Desde luego, el político que prometa reducir la burocracia, se llevará el gato al agua. Eso si lo creen, claro.
maldito parné >