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Primero de Mayo – Por Leopoldo Fernández

Estamos ante una nueva Fiesta del Trabajo, un Primero de Mayo tradicionalmente reivindicativo en materia de derechos laborales y sociales. Es cierto que esta fecha ha ido perdiendo respaldo popular, quizás porque los trabajadores en su conjunto han ido mejorando sus conquistas profesionales y la lucha sindical ha perdido apego, o porque va decayendo el interés de la ciudadanía por los actos festivos que preparan los sindicatos. En cualquier caso, es absolutamente legítimo que los trabajadores traten no sólo de mantener sus condiciones de trabajo y de vida, sino que pretendan mejorarlas o ampliarlas. Si estos últimos años de grave crisis económica han sido muy duros para todos, el mundo del trabajo es el que más ha sufrido las consecuencias de las políticas de ajustes, limitaciones y austeridades. Los recortes salariales y de derechos y beneficios de diversa índole, el incremento del desempleo -sobre todo entre los jóvenes-, la proliferación de los contratos precarios y su excesiva temporalidad más el aumento de la pobreza y la marginación social son evidencias que, en cuanto las circunstancias y la voluntad política lo permitan, deben ir desapareciendo para dar paso a una oferta de trabajo estable y bien remunerado según criterios de dedicación, productividad y rentabilidad, y a un mayor sentido de la justicia social. En este capítulo los sindicatos están llamados a jugar un papel protagonístico en orden a la defensa, ante gobiernos y patronales, de las mejores condiciones de trabajo para sus afiliados y en general para todos los trabajadores, así como en la lucha por el fomento de políticas económicas y sociales más justas. Pese al desprestigio de los sindicatos, afectados por escándalos de corrupción y abusos de algunos de sus dirigentes, así como por la pérdida de representatividad y poder de convocatoria, estas instituciones siguen siendo actores articulados de primer nivel para la defensa de valores e ideales de justicia e igualdad. Necesitan una profunda renovación y puesta al día de sus formas de organización y gestión en un mundo condicionado por los cambios que inevitablemente aportan la globalización y la revolución tecnológica, pero también el apoyo y las comprensión de todos para que puedan cumplir su relevante papel constitucional.