V. P. | Santa Cruz de Tenerife

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el decreto de la oferta de 141 nuevos empleos públicos (10 de ellos para personas con discapacidad) en la Administración General de la Comunidad Autónoma para 2015, una noticia que no se repetía desde el año 2008. Los temarios actualizados para los procesos selectivos para cubrir estas plazas se publicarán en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde hoy.

En todo caso, las convocatorias de oposiciones no se convocarán hasta noviembre de 2015, según el cronograma fijado en el decreto, que firman el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y el consejero de Presidencia , Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.
Las incorporación de nuevos efectivos se realizará a plazas adscritas a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario para desempeñar funciones de asesoramiento jurídico, de gestión de recursos públicos, de control y lucha contra el fraude fiscal y laboral y de control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

De la totalidad de la oferta de empleo público se reserva, con carácter general, un siete por ciento de las plaza para personas discapacitadas. El decreto aclara que el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera presentado por el cupo de reserva (turno de discapacidad) superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del turno de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el turno de acceso general, tanto en los procesos selectivos de nuevo ingreso como en los de promoción interna.

De las 141 plazas, 21 se localizan en las islas no capitalinas (personal administrativo y auxiliares), mientras que el resto en Tenerife y Gran Canaria, según informó la pasada semana Hernández Spínola. Detalló también que para optar a 120 plazas (el 85% del total) se exige titulo superior o grado medio.

En el decreto también se incluye la oferta de 154 puestos para promoción interna de los funcionarios que ya prestan sus servicios en la Administración (11 de ellos para personas discapacitadas).

Contra el decreto cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses.