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Rojas: “Si la ley de vivienda no vale, hay que cambiar la Constitución”

La consejera Inés Rojas, junto al portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ayer, tras el Consejo. / DA
La consejera Inés Rojas, junto al portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ayer, tras el Consejo. / DA
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Vivienda del Gobierno canario calificó ayer de “tristísima” la noticia de que el Tribunal Constitucional, tras un recurso del Gobierno estatal, ha suspendido como medida cautelar la llamada Ley Antidesahucios, que prevé expropiar el uso de viviendas a bancos e inmobiliarias, durante tres años y con el pago de un justiprecio, para evitar que familias desahuciadas por lanzamientos hipotecarios se queden en la calle.

“Si esta ley, que declara la función social de la vivienda, es inconstitucional por eso, entonces habrá que modificar la Constitución Española”, enfatizó Inés Rojas, quien compareció en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Rojas explicó que hasta el último momento esperó que el Ejecutivo de Rajoy no impugnara la ley, lo que implica su suspensión temporal hasta resolverse el recurso, pero se ha visto que “al Gobierno de España le duelen los bancos y no las familias” desahuciadas o con problemas para pagar el alquiler.

Aunque la consejera aseguró que aún no le han notificado la resolución del TC y, por tanto, no conoce su alcance exacto, afirmó que una de las “casi seguras” consecuencias es que no se podrá poner en marcha el el registro de viviendas desocupadas, obligatorio para bancos e inmobiliarias, y que preveía sanciones si no se ponían en alquiler. Un contratiempo, dijo, para los miles de canarios que “estaban ilusionados” con que esta ley les ayudara a lograr un alquiler asequible. Recordó Rojas que hay más de 100.000 viviendas vacías en Canarias, “miles” de ellas propiedad de la banca y las inmobiliarias, y que el Gobierno canario tiene más de 21.000 solicitudes de familias que necesitan casa.

La consejera apuntó que algunos aspectos de la ley suspendida le “preocupan menos”, porque la propia promulgación de esta normativa, en junio del pasado año, hizo que los bancos, en casos de lanzamientos de viviendas por impago de hipotecas, estén llegando a acuerdos con los afectados para evitar desahucios en “más del 90% de los casos”. Esto ha hecho innecesario, dijo, que el Gobierno canario haya tenido que echar mano de la previsión legal de acudir a la expropiación forzosa del uso de una vivienda a la entidad financiera caso de que no hubiera acuerdo entre esta y la familia desahuciada. “Lo que sí me preocupa es que recurran la función social de la vivienda ,que no puede tener aspecto especulativo”, lamentó, antes de criticar que el Ejecutivo estatal lleve la ley a los tribunales pese a que “ningún banco puso reparos” a esta norma cuando el presidente del Gobierno canario se la expuso a sus directivos en Canarias, en reuniones en la que ella estuvo presente.

Rojas anunció que el Ejecutivo canario, en el litigio sobre esta ley, “va a seguir luchando y peleándola”, y que el Tribunal Constitucional da 15 días para presentar alegaciones, así como al Parlamento canario, donde solo el PP votó en contra de esta norma.