A través de un impecable auto judicial de 40 folios, el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, ha prestado un gran servicio al mundo de los derechos humanos y de la legalidad internacional al procesar, por el delito de genocidio, a 11 altos cargos marroquíes, civiles, militares y policiales, a cuenta de sus actuaciones en el Sáhara entre 1975 y 1991. El auto considera probado que en ese período “se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes” -bombardeos, asesinatos, desplazamientos forzosos de la población, detenciones y desapariciones de personas, etcétera-, y todo ello “para apoderarse del territorio del Sáhara Occidental”. El gesto del juez me parece admirable, tanto como la perfecta inutilidad de su resolución -que ordena la detención de 7 de los procesados-, salvo en lo que tiene de denuncia terminante contra la actuación de Rabat en la antigua colonia española. Marruecos nunca ha contestado las comisiones rogatorias para el esclarecimiento de estos sucesos; tampoco ahora va a hacer caso al auto, que no tendrá ningún efecto práctico, salvo abrir un nuevo conflicto diplomático y elevar la tensión bilateral.

Siempre he sido decidido partidario de las limitaciones de la jurisdicción universal -cuyo noble fin es evitar la impunidad de los genocidios y los crímenes de lesa humanidad- porque existen organismos supranacionales encargados de impartir justicia, como la Corte Penal Internacional, con su correspondiente estatuto de funcionamiento. No parece lógico que jueces de cada país puedan investigar crímenes previstos en el Derecho Internacional cometidos por cualquier persona en cualquier lugar del mundo, si, como es el caso, su persecución corresponde a la propia comunidad internacional. Por esta razón y por los problemas que se habían creado con países como China y Estados Unidos -en los casos de genocidio en el Tíbet, y la muerte de José Couso en Irak y los vuelos de la CIA-, el Gobierno español limitó en marzo de 2014 el alcance de la justicia universal con el rechazo en bloque de toda la oposición, que lo recurrió luego al Tribunal Constitucional. Aún así, se trata de un asunto complejo de muy especial sensibilidad histórica para Canarias.