La nueva tragedia ocurrida frente a las costas libias con una embarcación llena de refugiados que al naufragar ha causado más de 700 muertos, debería marcar un punto y final al modelo de gestión de la inmigración irregular en la zona. Organismos internacionales, organizaciones supranacionales, dirigentes de los países afectados, todo el mundo debe alzar la voz para decir basta a un drama que, por sus enormes proporciones, desborda el propio ámbito mediterráneo y el de la Unión Europea hasta convertirse en un problema global. Ni Italia debe seguir sola y sobrepasada por los acontecimientos en su lucha contra la inmigración ilegal procedente de los países norteafricanos, ni la Europa democrática puede dejar a su socio del sur abandonado a su suerte por falta de las imprescindibles solidaridad y asistencia.
Si el problema es común -y lo es porque afecta al conjunto de la UE aunque sus efectos inmediatos los sufra principalmente Italia-, común e integral debe ser la solución, con la correspondiente aportación de medios humanos y materiales y un reparto equitativo entre los socios del contingente de refugiados; una solución en la que tampoco ha de quedar al margen la ONU, como propone el Gobierno español. El anuncio de una próxima reunión de los líderes comunitarios y la negociación de una declaración solemne del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con un llamamiento a la colaboración mediante acuerdos globales, son dos buenas señales de que el desmadre migratorio debe encauzarse respetando la lógica protección de las fronteras nacionales y tratando de poner coto a la miserable labor de las mafias organizadas que trafican con seres humanos aprovechándose de su pobreza, desesperación y busca de un mundo mejor.
La peculiar situación de Siria, envuelta en un conflicto civil que ha desplazado a casi cuatro millones de personas, y los enfrentamientos internos en Libia, que han convertido a este país en un Estado fallido, más las presiones migratorias nacidas en las naciones subsanaríamos, han creado una situación preocupante -en realidad se trata de una catástrofe humanitaria- que debe atajarse con la decidida colaboración de la UE y las ayudas en origen en origen a los países afectados, como hizo España con Marruecos, Senegal, Mauritania y otros.